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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sostiene que Unifica, la empresa que reformó la sede del PP en la calle Génova, y este partido «generaron» documentos para certificar y facturar estas obras con el objetivo de «dar cobertura a una facturación oficial ficticia».

En el auto en el que autoriza requerir información al PP, el magistrado aprecia indicios de que la tesorería y la gerencia del partido y la empresa que llevó a cabo las reformas de su principal sede entre 2005 y 2011 emprendieron «una acción coordinada» durante el periodo investigado para «generar» documentos con el objetivo de certificar y facturar algunas de estas obras.

Todo ello, según Ruz, para «dar cobertura a una facturación oficial ficticia que sería liquidada con fondos existentes en el sistema económico vía cheque contra prestación de factura», pero también, destaca, hay indicios de que el resto de los trabajos se abonaron con «fondos ajenos que pudieren guardar correspondencia con las anotaciones contables reflejadas de los denominados papeles de Bárcenas».

En los papeles manuscritos del extesorero Luis Bárcenas con una supuesta contabilidad B aparecen tres anotaciones de sendas entregas de dinero al arquitecto dueño de Unifica, Gonzalo Urquijo, por un total de 888.000 euros, lo que indicaría que estos pagos se pudieron hacer en dinero negro.

La Policía y el magistrado dan validez a estos apuntes y al compararlos con documentos requisados en un registro a Unifica concluyen que probarían la existencia de «cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo» en el PP.

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Ruz cree que estos apuntes y los «efectos, documentos o cualquier otro material» que hayan podido ser intervenido entre hoy y ayer en la sede del PP podrían aportar indicios sobre la actividad presuntamente delictiva investigada, que podría ser constitutiva de «uno o varios delitos contra la Hacienda Pública».

Documentación incautada

En su auto, Ruz indica que estas salidas contables podrían determinar una cuota a ingresar por el impuesto sobre sociedades de 2008 de Unifica superior a 120.000 euros y cuya responsabilidad final podría «razonablemente» alcanzar, además de a Urquijo, a los extesoreros populares Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como al exgerente del PP Cristóbal Páez, como «colaboradores necesarios».

El magistrado sustenta estas imputaciones en la documentación incautada en el registro de la sede de Unifica y en un informe de la UDEF, del 19 de diciembre de 2013, en el que se recogen varios correos electrónicos entre Urquijo y Páez, ambos imputados en esta pieza separada del caso Gürtel.

Además, en su auto Ruz explica que en la contabilidad oficial del Partido Popular, aportada a la causa y que recoge el periodo comprendido entre 2004 y 2011, aparecen diversos asientos contables que reflejan la contabilidad de determinados trabajos realizados al partido por la mercantil Unifica.