La llegada de la plataforma norteamericana Uber a principios del pasado mes de mayo ha cambiado la actual dinámica del sector de las VTC que operan desde hace años sin competencia alguna en Mallorca. | P. Pellicer

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La Conselleria de Mobilitat i Habitatge, así como el Consell de Eivissa, se han visto saturados por una avalancha de peticiones de licencias de VTC, que superan en estos momentos las 2.000. Esta circunstancia se ha debido a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) en relación a la regulación del número de VTC a nivel autonómico.

El director general en funciones de Transports i Mobilitat, Jaume Mateu, reconoce: «Desde hace un par de semanas estamos recibiendo peticiones de VTC en Mallorca por los cambios normativos que se han producido a nivel europeo. Todas las peticiones de licencias están siendo denegadas de forma administrativa porque la normativa vigente en Baleares nos lo permite».

Mateu añade que la relación de una licencia de VTC por 30 de taxi «ya está cubierta en Balears».
El Consell de Eivissa, en este sentido, se ha visto superado por la avalancha de peticiones de licencias y también aplica la misma estrategia del Govern. En Mallorca e Ibiza hay autorizadas cerca de 400 licencias de VTC, a las cuales se han sumado este verano 50 más temporales para cubrir la demanda de este tipo de transporte. El caso de Uber, que inició su andadura en Mallorca en la primera semana de junio, según Mateu «se debe a que utiliza licencias otorgadas a Eivissa».

Tribunal de Justicia

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE constata que la restricción española a las licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC), que operan a través de plataformas como Cabify o Uber, es contraria al derecho comunitario.

El fallo se centra concretamente en el reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que recoge el límite estatal de un permiso administrativo de VTC por cada 30 de taxis. La sentencia admite, en cambio, la posibilidad de exigir la obtención de «una licencia adicional a la prevista a nivel nacional si se considera necesaria para la buena gestión del transporte, del tráfico, del espacio público y la protección del medio ambiente». Con la sentencia de la justicia europea se abre ahora una nueva batalla judicial de alcance nacional entre ambos colectivos de transporte.