El Passeig de Ses Brodadores fue una de las carreteras que se cedieron y se instalaron semáforos para mejorar la movilidad. | Assumpta Bassa -

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El equipo de gobierno (PP-Gent per sa Coma-Cala Millor-S’Illot y UICA) cargan contra los responsables socialistas del Consell en la pasada legislatura, Catalina Cladera (presidenta) y Iván Sevillano (responsable de Carreteres) y denuncian un «jaque mate» al pueblo de Sant Llorenç. La acusación está relacionada con la cesión de tres carreteras (Ma-15F, Ma-4030 y Ma-3323) hecha el pasado mes de enero de 2023 en donde se han de llevar a cabo los proyectos de modificación de los puentes de interior al ser puntos críticos, para mitigar las futuras inundaciones.

Se trata de tres proyectos que están valorados en más de 3 millones de euros y que ya estaban redactados. Esta cesión de las carreteras fue aceptada en un pleno extraordinario y el motivo fue la instalación de semáforos en la carretera de Artà, uno a la altura de Santa Maria de Bellver y calle Teulera y el otro a la altura de la calle Sant Miquel. También un tercero ubicado en el Passeig de ses Brodadores, a la altura de la calle Gabriel Carrió.

El equipo de gobierno actual entiende que el Consell «al ceder las carreteras interiores a su socio y ex alcalde (PSOE) Pep Jaume renuncia a la mejora y modificación de estos proyectos. Esta aceptación implica que es el Ajuntament el que ha de redactar y ejecutar estos proyectos». Al respecto, el alcalde, Jaume Soler (PP), afirmó que «con nuestros recursos es imposible afrontar esta gran inversión». Considera que esta cesión, en su momento, fue «una decisión política irresponsable. Los proyectos básicos de mejora de los tres puntos críticos ya estaban redactados», asegura.

Asimismo desde el equipo de gobierno han querido dejar constancia que «hace ya unos meses que trabajamos con el departamento de Recursos Hídrics para elaborar un proyecto urbanístico complejo para conseguir una amplia reforma del cauce del Torrent de ses Planes conel objetivo de mejorar todas las infraestructuras y eliminar aquellas barreras arquitectónicas que resulten un problema para el curso natural del agua». Soler argumentó que «la situación es grave, estamos buscando soluciones con las distintas administraciones».