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Con la llegada de Feijóo a la presidencia del partido, los populares se proponen el asalto a la Moncloa con los votos de una ley electoral que les favorece, como ya expuse en otros artículos, o buscando una modificación que les favorezca, como la exigencia de un plus de 50 diputados para el partido ganador a lo que quizás pueda llegar. Eso de premiar al partido ganador en votos, es una medida de pretendida estabilidad del sistema de partidos pero en realidad, como cuando se equipara el Senado con el Congreso, más representativo, busca corregir el voto de los ciudadanos mediante una pirueta del tipo de sistema mayoritario. De tradición centenaria anglosajona, el sistema mayoritario, por el que el ganador se lo lleva todo, deja sin voz a las minorías en cada circunscripción que, por cierto, no tienen por qué ser grupúsculos sino mayorías que no consiguen, al menos por un voto, llevarse el escaño.

Un sistema similar se utilizó en la República y, en opinión de muchos especialistas, fue una de las razones fundamentales de su fracaso, pues, buscando la gobernabilidad al favorecer a, en aquel caso, las dos listas más votadas se encolerizó al ciudadano que veía como la política iba en contra del mandato de los votantes. Cualquier sistema electoral, por el hecho de haber sido votado por un parlamento, no tiene por qué ser democrático, es decir, representativo. El sistema mayoritario deja sin voz a la mitad menos uno de los ciudadanos que hayan ido a votar. Marginar el voto de una parte de los ciudadanos en estas coyunturas sociales en que las opciones políticas están divididas ideológica y visceralmente, es realmente antidemocrático.

Cuando la sociedad está tan diametralmente fragmentada entre quienes pensamos que el sistema actual está escorado al liberalismo económico más perverso y quienes pretenden perpetuarlo favoreciendo la concentración de la riqueza y el desmantelamiento del estado de bienestar, no se puede facilitar que la dinámica de partidos esté por encima de la voluntad de los electores. El presidente popular ha hecho números y sabe que ni con Vox tiene probabilidad, sí posibilidad, de conseguir una próxima mayoría de gobierno. Y ha concluido que con una modificación electoral, que primara con 50 diputados a la lista más votada, le sería más fácil sortear la voluntad de los electores.

Justo lo contrario de la propuesta que formulara Ciudadanos en su estreno como grupo parlamentario que, en buena lógica, promovía que esos 50 diputados se eligieran en circunscripción nacional, entre los restos electorales que no habían sido utilizados para la asignación de escaños, de modo que no se perdiera ningún voto emitido por los electores. El partido socialista, la izquierda en suma, es especialista en tirarse del moño y dispararse al pie. La última vez, Rodríguez Zapatero. Dejándose llevar de opiniones técnicas, instaurando el voto rogado para supuestamente bajar el voto exterior en Galicia que parece era inducido por clientelismo de candidatos. ¡Vaya necedad! Si había fraude debía investigarse y procederse en consecuencia. ¿O es que para prevenir el delito es mejor mermar la libertad?

El voto rogado ha dificultado enormemente, no hay duda, la participación de los electores del exterior y ha provocado una desigualdad en oportunidades a la hora de ejercer el derecho al voto. Parece que la mayoría que apoya al Gobierno está por la labor de derogar esa reforma de enero de 2011, probablemente sin el apoyo del PP que no está entusiasmado en volver al sistema anterior. Será que entiende que el votante exterior, sobre todo el que vive en Europa, no ve las cosas como se ven en el corral nacional. Como se ha publicado en otros medios, hay coincidencia en que la LOREG, aprobada por decreto por el gobierno Suárez antes de las primeras elecciones democráticas, se hizo expresamente para favorecer a unos votantes sobre otros, y eso es una discriminación que debe corregirse o alguien debería llevarla al Tribunal Constitucional.