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Una de las primeras medidas que podría adoptar el nuevo delegado del Gobierno en las Illes Balears, Alfonso Rodríguez Badal, sería la sustitución del mobiliario de su nuevo despacho por otro de estilo colonial, con el fin de armonizar su aspecto con el marchamo político que Pedro Sánchez imprime a su relación con las Islas.

Resulta indudable que, para el Gobierno, nuestro Archipiélago es una colonia en el sentido más despectivo del término, esto es, un territorio explotado en el que las únicas inversiones que se efectúan son aquellas útiles para seguir explotándolo. Y nada más.

Ni siquiera cuando se dio la conjunción planetaria que alineó a Francina Armengol con su bello jefe conseguimos ni una sola inversión en infraestructuras destinadas a los aborígenes. Ni el tren, ni el maldito tranvía, ni el segundo cinturón. En parte, por la inoperancia absoluta de los políticos locales y en parte porque son enemigos de las infraestructuras y creen en el regreso de ses someres o, lo que es lo mismo, en esa entelequia del decrecimiento económico.

En Balears, el Estado se encarna en diversas instituciones y organismos; dos de los más importantes son AENA y la DGT.

Pues bien, con pocos días de diferencia, ambos revelan novedades para nosotros. Por una parte, AENA anuncia inversiones millonarias en el que debiera rebautizarse como «Aeropuerto internacional de Palma-Bwana Pedro Sánchez» para facilitar el tránsito de los viajeros por la terminal. Es decir, se trata de acelerar el paso de la tropa para ganar capacidad de acogida de individuos de la clase obrera europea y, así que, en lugar de 31 millones de pasajeros en 2023, podamos alojar al doble en poco tiempo. Mientras tanto, los antipáticos indígenas no podemos siquiera aspirar a tomar un taxi para ir al hospital porque AENA es como Gargantúa, que todo lo fagocita. Ni un céntimo de esas inversiones nos contempla como destinatarios. Se trata de que Madrid recaude más, por vía de slots, suculentos alquileres a comercios de drogas -alcohol y tabaco- y todo lo que lleva aparejado el negocio aeroportuario que tienen montado en nuestro territorio, además de los impuestos que generan nuestros visitantes. A cambio, nos conformamos con vender nuestra casa a un sueco y pasar a vivir ilegalmente en una autocaravana. Eso sí, con pleno empleo mal pagado.

Por su lado, la DGT, que se pasa por el forro los informes de los técnicos del Consell, anuncia que nos vamos a comer el fastuoso carril bus-VAO con patatas, aunque sea inútil, porque se trata de fastidiar al PP, no de hacer más fluido nada.

Por si fuera poco, el organismo que aquí comanda Francisca Ramis nos anuncia la implantación de tres nuevos radares en carreteras de Mallorca. Si ustedes -inocentes- habían pensado que se trataba de tramos con especial peligro y que el Estado vela así por nuestra seguridad, erraron.

Como muestra, la carretera más segura de Mallorca, la Ma-15 de Palma a Manacor -obra del Consell de la a la par odiada y añorada Maria Antònia Munar-, instalará el radar en una recta con casi nula accidentalidad, pero en la que lo más seguro es que usted supere los 100 Km/h, que es de lo que realmente trata el negociete de la DGT y la metrópoli madrileña. Hay que financiar lo de Puigdemont como sea.