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España será, junto con Irlanda, el país desarrollado más afectado a largo plazo por la crisis económica, con una caída estimada de su Producto Interior Bruto (PIB) de 10,6 puntos, debido a la pérdida masiva de empleo que va a invertir los flujos de llegadas de inmigrantes. Un informe difundido ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advierte de que a la recesión de la que todavía no han salido los dos países se añadirá una importante perdida de riqueza, que en el caso de Irlanda será aún mayor, de hasta 11,8 puntos.
Estos retrocesos están muy lejos de la ya de por sí significativa caída media del 3,1% del PIB prevista para el conjunto de los países de la OCDE. En el centro de este empobrecimiento se sitúa la contracción del empleo, que incidirá en un descenso del PIB equivalente a 9,8 puntos en Irlanda y de 8,4 en España, cuando en la organización en su conjunto sólo disminuirá el crecimiento potencial en 1,1 puntos.
«El efecto negativo de la crisis sobre el empleo (en España e Irlanda) incluye una reducción importante de la población activa resultante principalmente de una inversión de los flujos netos de inmigración», señaló la organización en su estudio dedicado a las reformas necesarias para estimular el crecimiento. El conocido como el «Club de los países desarrollados» insistió en que «la urgencia de reformas estructurales se ha reforzado con la crisis» y su economista jefe, Carlo Padoan, señaló que esa urgencia es particularmente acuciante para los países a los que los mercados han puesto bajo presión.
Aunque no quiso dar nombres, Padoan señaló que «no es difícil identificar qué países» son los que carecen de «margen fiscal» para seguir con las medidas de apoyo a la actividad y deben aplicar «inmediatamente» ajustes fiscales y reformas estructurales para restablecer su situación financiera. España es, a todas luces, uno de los aludidos, y preguntado por su caso y por las prioridades de reformas estructurales, Padoan contestó que «el mercado laboral necesita claramente ser reformado» para reducir la dualidad entre los contratos temporales, demasiado abundantes, y la elevada protección de los fijos.
También se refirió a la necesidad de cambios en el sector de la vivienda y en el financiero, para que sean «más equilibrados en el futuro». En el capítulo del estudio dedicado a España, la OCDE puso el acento en que España no ha actuado pese a las repetidas recomendaciones que le ha hecho desde 2005 para eliminar la indexación de los salarios a la inflación pasada o para permitir que las empresas puedan negociar por su cuenta la evolución salarial al margen de los convenios colectivos.