El problema de la okupación es una realidad en España. Lo sufrí en primera persona no hace mucho tiempo.

Mi caso se alargó 2 años. Durante este tiempo, estuvieron viviendo a costa mía dos okupas de alquiler, con intenciones fraudulentas y programadas. Inicialmente yo confié, pensé que alquilaba mi apartamento a buenas personas que lo cuidarían como si fuera su casa. Al poco de alquilar la vivienda, empezaron los impagos. Tras un largo tiempo reclamando los importes debidos, puse la demanda. El trámite judicial se extendió en el tiempo, un largo proceso debido a que ellos no se presentaron a juicio ni recogían las notificaciones, mientras yo les pagaba el agua, comunidad, luz, etc.

¡Y llegó el día! Tras dos intentos fallidos de desahucio, el comité judicial consiguió cambiar la cerradura y estas personas salieron de mi casa. Pero, poco después, tras salir voluntariamente, vinieron con sus amistades y rodearon el piso, intentando entrar con violencia. Viví momentos que desearía olvidar hasta que llegaron las fuerzas de seguridad. Tras esta mala experiencia, decidí vender el apartamento.

Hoy día en España no hay seguridad jurídica para quien ahorró durante tiempo para comprar una vivienda. Sí la hay para estas personas que viven del sistema simulando una vulnerabilidad ficticia. Vulnerable es el propietario que tiene que pasar por este mal trago. El Estado debería fiscalizar mucho más cada una de estas situaciones complejas, así como controlar las ayudas que se dan desde las administraciones. Hay personas que no son profesionales de engañar al sistema que sí las necesitan de verdad y desgraciadamente no pueden acceder a ellas.

Proteger la propiedad privada debería ser esencial para que se pueda alquilar una vivienda con seguridad. Si fuera así, los precios serían más económicos y no habría tantas casas a la venta.

En definitiva, parece que con el Gobierno actual los okupas han pasado a ser ciudadanos de primera en España.