El problema de fondo sobre la independencia judicial en España es la intención de este Gobierno de controlar ideológicamente al Poder judicial, limitando su independencia.

Hace unas semanas, el PSOE y Podemos se vieron obligados a retirar del Congreso otra reforma que suprimía el requisito de una mayoría de tres quintos para el nombramiento de los vocales del Poder Judicial, tras la alarma suscitada en Bruselas por lo que suponía un clarísimo atentado contra el Estado de derecho. Ahora va a ser de nuevo la Unión Europea quien someta a examen al ejecutivo por esta otra reforma.

La independencia judicial sigue siendo una asignatura pendiente que deberían abordar los principales partidos mediante un gran pacto según el espíritu y la letra de la Constitución.