La Audiencia Nacional confirmó ayer la administración judicial del
Atlético de Madrid ordenada por el juez Manuel García Castellón el
21 de diciembre y destacó su «particular idoneidad al caso», si
bien deja en manos del magistrado la decisión de sustituirla «por
otra menos gravosa», pero «igualmente eficaz».
En un auto de la sección segunda de la Sala de lo Penal de este
tribunal, en el que se rechazan los recursos interpuestos por el ex
presidente atlético, Jesús Gil, y otros imputados, se afirma que
«la medida cautelar acordada por el Juzgado instructor responde a
fines perfectamente legítimos, tanto en el plano de la
constitucionalidad como en el de la legalidad ordinaria».
La resolución añade, sin embargo, que el hecho de que la
intervención judicial del Atlético fuera necesaria en diciembre
«para nada implica que la medida pueda establecerse con carácter
indefinido en los mismos términos sin ponderar, llegado el caso, su
posible sustitución por otra menos gravosa, pero que fuera
igualmente eficaz para el cumplimiento de los fines pretendidos».
El tribunal considera que esta situación debe ser valorada en
primera instancia por el juez instructor García Castellón, «una vez
caduque el plazo que en la propia resolución (por la que se ordenó
la intervención judicial) se contiene para la dación de cuentas del
administrador judicial nombrado», es decir, el pasado 31 de
marzo.
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