El colegiado del partido disputado en Santa Margalida niega que agrediera al presidente del club local y también inicia un proceso judicial para defender su postura
Vista general del campo del Margaritense | Redacción Digital
Mientras que el presidente del club local, Pep de la Cruz asegura que fue agredido por el colegiado Alejandro Castilla, este manifiesta todo lo contrario y sostiene que fue el mandatario de la entidad el que le golpeó. De la Cruz ha denunciado al colegiado ante la Guardia Civil aportando un parte médico donde expone los daños sufridos en los incidentes que tuvieron lugar en el vestuario.
El árbitro sigue también el mismo camino y este jueves adjuntó un informe médico donde se observa el resultado de un hematoma en el antebrazo así como arañazos tras ser, según su testimonio, golpeado por el presidente. El árbitro mantiene en todo momento lo expuesto en el acta del partido y que publicaba ayer este periódico. Rechaza de pleno que él encerrara al presidente en el vestuario, tal y como manifiesta De la Cruz y que todo empezó tras un final de partido intenso cuando el mandatario grabó supuestamente con su móvil al trío arbitral.
El presidente insiste en que quería dar luz con su linterna a una zona con poca visibilidad, pero el árbitro indica todo lo contrario.
También el juez del partido asegura que el presidente, que no se identificó cuando él se lo pidió, entró en el vestuario y cerró las luces con la intención de agredirle. Circunstancia que, siempre según la versión del colegiado, habría conseguido de no defenderse con el antebrazo para evitar el golpe. El presidente expone una opinión diferente y afirma que fue el árbitro quien le encerró dentro y le golpeó al tratar de abandonar la caseta.
Paraleamente toda la información de ambas partes se remite también al Comité de Competición para que la próxima semana obre en consecuencia.
El Margaritense indicó que una de las personas que acompañaban al colegiado era Guardia Civil, pero que no se identificó como tal en ningún momento. En este sentido, cabe destacar que se trataba de una agente en periodo de selección y que por tanto no podía identificarse porque incumpliría la legalidad. Según el colegiado, esta persona, a instancia suya, fue la que llamó a los miembros de la Benemérita al entender que la situación se estaba complicando y que se hacía necesario la presencia de fuerza pública.
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