Contreras, directivo del Barça con los presidentes Josep Lluís Núñez, Joan Gaspart y Josep Maria Bartomeu, fue además vicepresidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) y amigo del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar (RFEF).
El finado también aparece como investigado en el 'caso Soule', en el que la Audiencia Nacional indaga en la participación de exdirectivos de la RFEF, entre ellos el expresidente Villar, en varios delitos de corrupción. De hecho, la Liga de Fútbol Profesional (LFP), personada en el 'caso Soule' como acusación particular al igual en el 'caso Negreira', es la que ha aportado al juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona los documentos hallados en el registro que la policía hizo en el domicilio y en una de las empresas de Contreras en la causa que investiga la Audiencia Nacional.
Según el sumario del 'caso Negreira' al que ha tenido acceso EFE, de los más de 7,5 millones de euros que el FC Barcelona pagó, entre 2001 y 2018, al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, por presuntos servicios de asesoría arbitral, 450.120 euros pasaron primero por las manos de Contreras. El exdirectivo cobró esa cantidad girando periódicamente al Barcelona facturas de 29.040 euros por «servicios educativo-deportivos» y alguna otra factura aislada, como una de 25.410 euros que presentó al club catalán «por obras realizadas» en una de las zonas de acceso al Camp Nou.
De esos 450.120€ que Contreras facturó a la entidad a través de TRESEP 2014 SL, 297.085,25 euros fueron transferidos, en diversas facturas emitidas entre 2016 y 2018, a SOCCERCAM SL, la empresa del hijo de José María Enríquez Negreira, Javier Enríquez Romero, por supuestos servicios de asesoría arbitral. Y los 153.034,75 euros restantes corresponderían a la comisión del entonces directivo del Barça como intermediario.
La fiscalía concluye, por tanto, que la intervención de Contreras «duplicaba prácticamente» el importe de las facturas de SOCCERCAM SL por los servicios prestados al Barcelona y que concluyeron «con el cese de su padre como vicepresidente del comité arbitral».
De hecho, Enríquez Romero manifestó en su declaración que este 'modus operandi' de intermediación fue propuesto por el entonces presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y el propio Josep Contreras, quienes le plantearon que esos trabajos «debían ser facturados» por TRESEP 2014 SL «para no vincular al club con el apellido Enríquez», puesto que su padre era por aquel entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.
Y en la documentación presentada por la LFP a la causa, procedente del registro domiciliario a Josep Contreras en el 'caso Soulé', hay una nota manuscrita de dos folios que se encontraba en el interior de un sobre con la inscripción 'Top secret' con el siguiente texto: «Cláusula: solo posible abrirlo en caso de que se produzca la desgracia más grande del mundo para nosotros. PD: Lo daríamos de buena gana para evitarlo».
Dicha nota contienen una relación de una veintena de inmuebles, algunos bancos y fondos de inversión y varios nombres en clave, entre ellos, «Román, abogado», «Sr. Rosell», y «Josep María».
Según el escrito de la LFP, «Román, abogado» correspondería a Román Gómez-Ponti, en aquella época jefe de los servicios jurídicos del FC Barcelona, y «Sr. Rosell» y «Josep Maria», los expresidentes de la entidad azulgrana Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.
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