La inclusión de la enmienda pactada por los grupos socialista y vasco hace días sobre las selecciones autonómicas acaparó el debate y condicionó el voto de los grupos Popular, Ciudadanos, Vox Plural, Junts y Bildu, estos dos últimos en contra también por la obligación de los deportistas de acudir a las selecciones nacionales.
En ausencia del ministro, Miquel Iceta, y con el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, en el hemiciclo, el diputado socialista Juan Luis Soto defendió «una ley innovadora, pionera», que sucederá a la norma que rige desde 1990.
El texto «reconoce el derecho a la práctica deportiva, declara el deporte como actividad esencial», con «novedades en gobernanza y transparencia, un nuevo modelo de justicia deportiva, abre acanales para las aficiones y pone en valor la industria del deporte, que emplea a más de 400.000 personas y supone el 3% del PIB». Soto aseguró que «es la ley de la no discriminación, de la protección del colectivo LGTBI, que saca tarjeta roja al racismo, a la intolerancia, la ley de la inclusión, de la igualdad, que impulsa el estatuto del deportista, reconoce el derecho a la conciliación y a la lactancia y premios igualitarios para hombres y mujeres en las selecciones». «Con esta ley España no se rompe como lamentablemente hemos podido escuchar, todo lo contrario, el deporte se convierte en herramienta de cohesión social en nuestro país», dijo.
El popular Javier Merino elogió parte de la ley, por su impulso al deporte femenino, la protección de los menores, el blindaje a la práctica con animales, la mayor transparencia y códigos de buen gobierno, para «eliminar determinados comportamientos que abochornan todos los días», pero lamentó no poder apoyarla porque el Gobierno «haya roto la armonía parlamentaria». Según dijo, la polémica por la retirada de enmiendas que enfadó la semana pasada a LaLiga fue «creada artificialmente desde La Moncloa» para «tapar» el asunto de las selecciones autonómicas. «El problema de las selecciones vascas estaba escrito desde el primer día, pero el Gobierno tenía miedo al ruido mediático». «Había una gran oportunidad para sacar con un gran acuerdo la tercera ley de nuestra democracia, pero el deporte español está por encima de ustedes. Su honor, su historia tiene nombres y apellidos que están por encima de sus concesiones a los nacionalistas vascos», dijo.
También Ciudadanos se opuso a un proyecto, que empezó como una ley de Estado, según Guillermo Díaz, y que ahora «expulsa a los que tienen vocación de representar a todos los españoles y prima a los que quieren dejar de serlo». Vox mantuvo su no a una ley, que, en palabras de José Ramírez del Río,«va a crear más problemas de los que va a resolver», va a dejar a «las deportistas desprotegidas» y «no va a dar seguridad jurídica».
La enmienda acordada entre socialistas y vascos aprobada en el debate en comisión determina que «las federaciones autonómicas podrán participar en el ámbito internacional si la federación internacional correspondiente lo contempla en el caso de modalidades o especialidades con arraigo histórico y social en su comunidad o en el caso de que la federación autonómica hubiera formado parte de una federación internacional antes de la constitución de la española correspondiente», como es el caso de las de pelota vasca y el surf.
Sin embargo, las federaciones internacionales de ambos deportes se aprestaron a asegurar que a día de hoy a las selecciones vascas les sería imposible competir internacionalmente, por no estar reconocidas sus federaciones en ese ámbito. La enmienda también añade que «la federación deportiva autonómica en competiciones oficiales internacionales se producirá previo acuerdo con el Consejo Superior de Deportes».
«Sabemos que eso ha generado mucho ruido. Excesivo. Es un derecho que nos correspondía, algo que hay que aceptar con normalidad política A partir de ahí, es un paso más. ¿El último?, no. ¿Nos conformamos con ello?, no. Pero hasta ahora era la nada. Entre el todo y la nada, tenemos algo», apuntó Joseba Andoni Aguirrtexea, del Grupo Vasco.
A favor del proyecto, Antonia Jover, de Unidas Podemos, definió la ley como «más inclusiva e igualitaria, aunque no sea paritaria», como querría su grupo, y pidió el apoyo a sus enmiendas "para proteger a las familias y a los animales en la práctica deportiva.
«Vamos a votar sí, para que el deporte entre legislativamente en el siglo XXI», anunció, igual que el valenciano Joan Baldoví, del grupo Plural, el republicano Gerard Álvarez, y Tomás Guitarte, de Teruel Existe, que destacó las decisiones que afectan al fútbol profesional.
«Nos tranquiliza que se atienda a la mayoría de los clubes, no solo a unos pocos. Defendemos un modelo de reparto más justo y equilibrado, somos contrarios a cualquier brecha que fomente la desigualdad», indicó, en alusión a las enmiendas a los artículos 41 y 47 aprobadas, que legitiman el acuerdo de los clubes con el fondo de inversión CVC por el que recibirán 1.994 millones de euros.
Sobre las funciones de las federaciones deportivas (art.47) el texto indica que para la organización de competiciones de ámbito estatal «no se podrá establecer relación comercial con un deportista en activo susceptible de participar en las mismas», modificación aprobada tras conocerse los acuerdos entre la Federación Española de Fútbol y la empresa del jugador del Barcelona Gerard Piqué, para que la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudí.
La ley también estima la petición de los clubes sobre la comercialización de sus derechos de explotación de las competiciones y dicta que las modificaciones estatutarias propuestas por las federaciones que afecten de manera esencial a las competiciones oficiales de caracter profesional «requerirán el informe previo y favorable de la liga profesional correspondiente».
El proyecto de ley, que reemplazará a la norma que rige desde 1990, fue aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de diciembre de 2021 y llegó al Congreso a comienzos de este año, donde superó su primera votación cuando el Pleno votó en contra de la enmienda a la totalidad del grupo Republicano.
El rechazo de los grupos Socialista, Popular, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox (304 votos en contra, 33 a favor y 5 abstenciones) permitieron que continuara la tramitación de un texto, que reconoce el derecho a la actividad física y el deporte; introduce medidas por la igualdad y contra cualquier tipo de discriminación por razón de género, orientación sexual, raza o discapacidad.
También define los derechos y deberes de los deportistas y diferencia estos entre profesionales, no profesionales, de alto nivel (los califica el Consejo Superior de Deportes), alto rendimiento (los califican las comunidades autónomas) y ocasionales (que obtienen una licencia para una actividad concreta).
La nueva ley incluye capítulos sobre voluntariado, deporte universitario y en edad escolar; reconoce la Conferencia Sectorial del deporte como órgano de interlocución entre todas las administraciones y elemento de cohesión territorial, y elimina la obligación de ser sociedad anónima deportiva para participar en competiciones profesionales.
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