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Los administradores que tutelan el concurso de acreedores en el que está inmerso el Mallorca interpondrán el lunes en el juzgado de lo Mercantil número 2 una demanda de reintegración contra Nando Pons para obligar a éste a devolver el millón de euros con el que Vicenç Grande le premió por la venta de Dani Güiza.

El resultado de la investigación de los administradores concluye que este premio debe calificarse como una «donación o una retribución sin una contraprestación laboral» y por lo tanto entienden que es un acto «en perjuicio de la masa de acreedores» y de ahí que el próximo lunes se interponga esta demanda de reintegración.

Según ha podido saber esta redacción la nueva propiedad del club realizó un pormenorizado estudio de todas las actas de 2008 y en ninguna de ellas se hace la más minima referencia a la entrega de este premio y tampoco se llegó a ningún acuerdo para entregar dicha cantidad al director deportivo. En ese año se llevaron a cabo ocho reuniones del consejo y en ninguna consta estipulado que se llevara a cabo esta operación. Pese a que Vicenç Grande era el máximo accionista, ningún otro miembro que formaba parte del órgano de poder del club -Joan Buades, Miquel Vaquer, José Miguel García o Luis Huerta- tuvieron conocimiento de este paso que daba Grande. Al parecer el cuerdo para hacer efectiva esta «donación», según la definen los administradores se plasmó en un documento entre las partes implicadas, al que no llegó a tener acceso ni Joan Buades como responsable de los servicios jurídicos ni tampoco Francisco Cabello en su función de responsable laboralista del club.

La conclusión a la que han llegado los administradores indica que este premio se hizo efectivo en la más absoluta confidencialidad y nadie, ni ningún directivo ni miembro del consejo sabía nada al respecto.

Sólo en 2009, y una vez que Vicenç Grande ya no era propietario, se encuentra la primera notificación en un acta en la que el nuevo consejo no asume las retribuciones especiales que se habían dado, no sólo a Pons, sino a otros profesionales del club. La actual propiedad realizó un «certificado de requerimiento» solicitado por la administración para dar fe de que en los consejos nunca se trató esta importante cuestión.

El lunes se interpondrá la demanda de retribución de un millón de euros ya que los diferentes requerimientos a los abogados del director deportivo no han fructificado. A partir del lunes Víctor Fernández tiene la palabra.