El tenista serbio, que busca ganar su vigésimo segundo Grand Slam -y empatar con Rafael Nadal-, aún no ha confirmado su participación en el torneo australiano, donde ha ganado en nueve ocasiones. Djokovic fue deportado por las autoridades australianas a mediados de enero de este año, poco antes del inicio del Abierto de Australia, al tratar de entrar al país con una exención médica con el objetivo de disputar el torneo, el primer grande de la temporada, sin estar vacunado.
A su llegada al país, el Gobierno australiano, entonces en manos de la coalición Liberal-Nacional, lo retuvo en el aeropuerto al cuestionar la validez de esa exención e intentó deportar al deportista por contravenir las medidas contra la covid-19, que por entonces obligaba a los viajeros a tener la pauta completa de la vacuna contra el virus o un justificante válido. Djokovic, que estuvo encerrado en un hotel custodiado por inmigración, apeló la decisión de las autoridades.
Tras una intensa batalla judicial, el pleno del Tribunal Federal Australiano consideró que la presencia del jugador en el país oceánico suponía un riesgo para la salud y el orden público dado que podía alentar protestas de los movimientos antivacunas. El tenista finalmente fue deportado y se le impuso una prohibición de entrada al país durante tres años.
Los abogados de Djokovic en Australia buscaban desde hace meses la suspensión de esta prohibición de entrada al argumentar que el país oceánico ya ha levantado todas las restricciones impuestas por la pandemia. El escándalo de Djokovic se produjo en un momento en que Australia, que cerró férreamente las fronteras durante la crisis sanitaria, se enfrentaba a un aumento casos de la covid-19.
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