La Fiscalía de Valencia se ha opuesto a incorporar a la causa que afecta a la exvicepresidenta, exportavoz y exconsellera de Igualdad y Políticas, Mónica Oltra, por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que cometió su exmarido sobre una menor tutelada, las comunicaciones entre los investigados y otros posibles actuantes desde enero de 2017 hasta la actualidad: "Es groseramente desproporcionado".
Así figura en un escrito del fiscal en la pieza hasta ahora secreta del procedimiento que sigue el Juzgado de Instrucción número 15 de València. En una resolución reciente, el juez ha alzado el secreto tras recibir las actuaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El procedimiento, que se inició en el juzgado de instrucción, se remitió hace unos meses al tribunal valenciano al apreciar el instructor indicios de delito contra Oltra, entonces aforada. Así, el órgano competente para investigar los hechos pasaba a ser el TSJCV.
Sin embargo, Oltra, tras ser imputada en la causa y tener que declarar el 6 de julio, decidió abandonar todos sus cargos y perdió el aforamiento, con lo que la investigación --con 13 altos cargos imputados-- ha vuelto al Juzgado de Instrucción 15.
El juez mantiene abierta una causa principal y una pieza sobre la que ya se ha levantado el secreto y que se originó tras varias peticiones de las acusaciones relativas a la incorporación en la misma de diferentes expedientes administrativos; los expedientes de contratación del Instituto Espill entre 2015 y 2022 y del Hogar Niño Jesús; y las comunicaciones efectuadas entre los imputados y otros posibles actuantes desde enero de 2017 hasta la actualidad.
En el texto del ministerio público relacionado con la pieza secreta, consultado por Europa Press, el fiscal se oponía a la mayoría de las peticiones, salvo a la incorporación de los expedientes vinculados con la investigación.
En relación con los contratos con el Hogar Niño Jesús --donde se produjeron los abusos--, el fiscal no ve la utilidad de los mismos: "Su unión a las actuaciones ya excesivamente voluminosas redundaría más bien en perjuicio neto para la instrucción".
"Y otro tanto cabe decir en cuanto a los referidos con el Instituto Espill", agrega el fiscal. Y recuerda al respecto que de este asunto lo importante es el coste para la Hacienda pública del informe finalmente elaborado en relación con la víctima --y en este procedimiento denunciante--.
Por último, sobre las comunicaciones entre imputados y otros actuantes, el fiscal advierte de que en los términos en los que se solicita su incorporación es "groseramente desproporcionado" en cuanto al objeto de la investigación. Y hace mención, igualmente, a las dificultades, "presumiblemente ingentes", que acarrearía su cabal manejo. Sí admitiría comunicaciones que llegaran a ser conocidas y relevantes para la causa.
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