La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha detectado que el Ayuntamiento de Albal (Valencia) cometió «irregularidades administrativas graves» en la tramitación, financiación y firma del convenio con Adif para la construcción y financiación de la nueva estación de Cercanías en la localidad, actualmente en ejecución.
Así consta en una resolución de Antifraude fechada el 7 de julio, publicada a finales del mes pasado y consultada por Europa Press. Este informe pone fin a la investigación tras desestimar las alegaciones del consistorio, mientras Adif no ha presentado ningún escrito.
Los hechos, de los que la agencia tuvo conocimiento al recibir un escrito, se remontan a finales de febrero de 2019 cuando el Ayuntamiento de Albal firmó el convenio con la entidad pública comprometiéndose a entregar los terrenos obtenidos para la estación, reintegrar el importe de las expropiaciones que abonara Adif (771.033 euros), financiar el 43% de la ejecución de las obras del proyecto constructivo (2,55 millones de euros, sin IVA) y asumir el coste de mantenimiento y conservación.
En conjunto, el proyecto fue adjudicado en octubre de 2019 por 4,97 millones, de los que el consistorio debía asumir 3,32 millones sin contar licencias, impuestos o mantenimiento de las instalaciones. Para este gasto, el Ayuntamiento confirmó en marzo de 2021 a Antifraude que no disponía de consignación presupuestaria suficiente.
Respecto a los terrenos para la nueva estación, AVAF concluye que 11 años después del protocolo de colaboración para este proyecto, «se desconoce cuál ha sido el instrumento de gestión urbanística» que ha tramitado el Ayuntamiento para la incorporación al dominio público el suelo necesario. Le requirió así el informe de los técnicos municipales, pero el consistorio no lo ha aportado.
Otra de las advertencias de Antifraude es que no constan informes técnicos, jurídicos o económicos por parte del Ayuntamiento que justifiquen los incrementos o variaciones introducidos en el convenio, así como que la Intervención municipal confirmó no haber recibido previamente el expediente para su fiscalización.
No se justificaron las peticiones del alcalde
Según la resolución, tampoco se acreditó el informe que justificara las peticiones del alcalde para eliminar la referencia al suelo urbanizable no pormenorizado y para incluir una parcela en el proyecto. Se constató una diferencia de 116.790 euros entre el coste inicial de las expropiaciones (654.243 euros) y el final (771.033) sin estar motivada, junto a otras modificaciones «sustanciales» sin estar basadas en informes de técnicos.
Además, la investigación concluye que el convenio con Adif se firmó a finales de febrero de 2019, antes de finalizar el periodo de información pública y cuando el Ayuntamiento tenía en vigor el presupuesto prorrogado del ejercicio anterior. Entonces tampoco contaba con la firma del secretario municipal, una omisión que se mantiene en la adenda y la prórroga posterior.
En el plano político, Antifraude recoge que el expediente se sometió a debate sin el informe preceptivo de la Intervención municipal, algo de lo que alertó un grupo de la oposición. «El acuerdo plenario incurre en un vicio de nulidad de pleno derecho; no por el hecho de la ausencia de fiscalización previa exigible, sino por la ausencia del crédito suficiente para adquirir los compromisos de gastos», subraya.
Cinco meses después de la firma del convenio, el pleno municipal desestimó las alegaciones y lo aprobó definitivamente con el voto favorable de nueve de los 17 concejales, de nuevo sin informe de fiscalización. Posteriormente, en septiembre de 2019 se emitieron las notificaciones a las partes interesadas «incurriendo los plazos legales» para ello.
No había urgencia
Un año más tarde, el alcalde elevó al pleno de urgencia un acuerdo para modificar y prorrogar el convenio redistribuyendo las anualidades, con dos adicionales a las cuatro previstas, algo que se aprobó cuando «se desconocen las razones que motivan esta necesidad» y no se justificaba con ningún informe. Es algo que el primer edil argumentó en la situación excepcional por la pandemia, pero Antifraude señala que se planteó en mayo de 2020 y se aprobó cinco meses después.
A nivel económico, la resolución recoge la advertencia de la Intervención municipal de que el Ayuntamiento debía tomar medidas para evitar el «riesgo» de incumplimiento del techo de gasto contemplado en el presupuesto de 2020, así como que no se remitió la modificación del convenio al Tribunal de Cuentas.
En sus alegaciones, el consistorio aseguró que no había incurrido en ningún deber de información, que las aportaciones comprometidas «debidamente consignadas» y que los terrenos se adquirieron cumpliendo la legislación urbanística en base al interés público, además de defender que el proyecto se lleva a cabo «de forma compartida, evidentemente eficiente, sin ápice de duplicidad y por la técnica de la cooperación».
Sin embargo, AVAF responde que el consistorio carece de competencia para financiar la construcción de la estación y que podría ejercerla delegándola con financiación suficiente, siempre que se garantice sus sostenibilidad financiera y no haya duplicidad.
Advierte además que el Ayuntamiento está cofinanciando las obras y reembolsando el coste de las expropiaciones a un precio superior al que Adif abona a la mercantil y a los propietarios de los terrenos, respectivamente. «No llega a comprenderse la regulación introducida», asevera.
Por todo ello, Antifraude desestima las alegaciones y recomienda al consistorio revisar de oficio los acuerdos del pleno adoptados en 2019 y 2020 y realizar un estudio pormenorizado de los costes reales asumidos por Adif una vez se liquide el convenio, además de valorar la posible exigencia de responsabilidades a las personas participantes en la tramitación y ejecución. Albal tiene un plazo de tres meses para remitir la información requerida.
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