A través de un comunicado, la Delegación de Gobierno del País Vasco ha informado de que los examinados, en muchos casos, carecían del nivel de conocimiento de español necesario para poder contestar las preguntas que componen las pruebas que dan acceso a los citados permisos.
Las pesquisas dieron comienzo hace varios meses cuando, tanto funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Gipuzkoa, como a través de controles realizados por agentes de la Policía Nacional en las sedes de examen, se detectó «un incremento sustancial» en el número de aspirantes que hacían uso fraudulento de dispositivos electrónicos para superar las pruebas teóricas de conducción.
Por ello, se estableció un operativo que ha permitido averiguar que dicho dispositivos (teléfonos móviles, cámaras, altavoces intra auriculares o antenas) eran adheridos o cosidos al interior de prendas de ropa que una organización facilitaba a los aspirantes, siendo así disimulados de tal forma que, prácticamente, «los hacía indetectables por los examinadores» han explicado. Así, a través de estos terminales, terceras personas, que se encontraban en el exterior, les facilitaban las respuestas adecuadas.
La investigación también ha permitido saber que, solo en Gipuzkoa, el número de identificados tratando de realizar sus exámenes de manera fraudulenta ha superado la docena en los tres últimos meses.
También se pudo determinar que, a cambio de estos servicios, esta organización cobraba entre 2.000 y 4.000 euros, lo que «da idea de los ilícitos beneficios generados y del riesgo que entraña esta práctica para la seguridad vial», al facilitar la conducción de vehículos a personas sin los conocimientos teóricos necesarios para un manejo seguro en la vía pública.
La operación, que permanece abierta, ha posibilitado hasta el momento la detención de un primer miembro de la organización, un ciudadano pakistaní encargado de entregar los medios técnicos y dispositivos móviles a cuatro ciudadanos extranjeros presentados a examen, así como de su traslado hasta Gipuzkoa, ya que procedían de otras provincias.
En cuanto a las responsabilidades de los usuarios, la Dirección General de Tráfico prevé multas de hasta 500 euros y la prohibición de presentarse de nuevo a las pruebas en un periodo de seis meses.
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