Los exconsellers Raül Romeva y Josep Rull han reclamado al Gobierno una respuesta al dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la vulneración de derechos civiles y políticos a los expresos del 1-O cuando eran diputados del Parlament: «Se llama amnistía».
En rueda de prensa este viernes en Barcelona, junto con los abogados Jordi Pina y Carles Mundó, y en una conexión en directo en Ginebra (Suiza) con el abogado Nico Krisch, Romeva ha asegurado que este dictamen «obliga a una reacción» por parte del Gobierno, que tiene 180 días para tomar medidas al respecto.
«Debe haber una respuesta política, se llama amnistía. Se ha judicializado un conflicto político y la única manera de desjudicializarlo es anular las causas judiciales», ha sostenido el exconseller republicano, que ha pedido devolver el debate de la autodeterminación al ámbito de la política.
Romeva ha destacado que este caso, además de ser «una victoria moral y política, es también una victoria de defensa de derechos fundamentales» de cualquier persona que quiera defender ideas de forma pacífica.
Ambos han afirmado que esta resolución evidencia que en el derecho español «no hay respeto a la separación de poderes y ha habido una clara injerencia del poder judicial en el marco legislativo», y también han destacado que supone un reconocimiento de que ha habido una voluntad de aplicar el derecho de forma desproporcionada con objetivos políticos, según ellos.
"munición jurídica"
Han sostenido que este dictamen es «clave» de cara a la causa abierta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y Rull ha explicado que esperarán a que el Tribunal Supremo informe de esta resolución al tribunal de Luxemburgo y, si no lo hace, ellos lo presentarán en las cuestiones prejudiciales.
«Tendremos una buena munición jurídica para las causas que tenemos abiertas», ha celebrado Rull, que ha destacado que esto les permitirá acreditar que ha habido una voluntad de perseguir determinada conducta política, en sus palabras.
Rull ha criticado que se ha visto una «primera reacción de menosprecio de la resolución» por parte del Gobierno, y ha subrayado que esta no es una resolución simbólica sino que exige el cumplimiento a España.
Responsabilidades de llarena
También ha sostenido que el juez instructor de la sentencia del 1-O, el magistrado Pablo Llarena, «debería asumir alguna responsabilidad», y ha añadido que en un país normal esta resolución debería tener consecuencias inmediatas.
El exconseller de Junts ha defendido que el dictamen muestra que el procesamiento por rebelión de los dirigentes independentistas «no tenía ningún tipo de fundamento, no había violencia, y las únicas armas eran las urnas», y ha añadido que es poco optimista en que el Estado mueva pieza en los 180 días que da de plazo Naciones Unidas.
También ha explicado que Junts ha presentado una iniciativa en el Congreso para la eliminación del artículo 384bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal --que habla de decretar prisión provisional para personas que hayan cometido delitos relacionados con bandas armadas o terrorismo--, ya que cree que esta debería de ser una de las medidas que debería de tener el Estado ante el dictamen de la ONU.
Por su parte, Romeva ha dicho que habrá que esperar a la respuesta que da el Estado, y también ha destacado que ERC ya ha pedido la comparecencia en el Congreso de los ministros de Justicia y Exteriores para que «den respuesta» al dictamen.
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