El gerente de Madrid Salud, Antonio Prieto, ha declarado ante el juez Adolfo Carretero que advirtió a la responsable de Compras del Ayuntamiento de Madrid y coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos, Elena Collado, de que la documentación relativa a las mascarillas ofrecidas por Luis Medina no cumplía con los requisitos, han informado fuentes jurídicas.
El juez Adolfo Carretero ha interrogado este viernes a este testigo a instancias de una petición de Más Madrid para aclarar la compra de los productos sanitarios objeto de la investigación y las gestiones realizadas para la comprobación del material que se adquirió por más de 11 millones de euros.
En su declaración, el gerente del organismo ha detallado que todo el material sanitario que se adquiría para hacer frente a la pandemia en los peores momentos tenía que llevar un informe del servicio de prevención de riesgos laborales de Madrid Salud.
En el caso de las mascarillas, se remitió la documentación y unas muestras. Según el gerente, una parte de los papeles estaban en chino y un certificado adjuntado no era válido al existir una alerta del Ministerio de Trabajo.
Tal extremo se lo comunicó a Elena Collado, indicando entonces que no podía validar la documentación de dichas mascarillas conforme a los requisitos estipulados.
Posteriormente, Policía Municipal de Madrid habría realizado otro informe en el que se validaron los cubrebocas y se usaron por parte de los agentes y los bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
Precisamente la petición de Más Madrid para que testificara el gerente de Madrid Salud se produjo después de que compareciera el inspector de la Policía Municipal de Madrid que elaboró dicho informe, reconociendo que no valoró la calidad ni hizo comprobaciones.
El agente declaró que avaló el material a pesar de que la documentación aportada por la empresa malaya se basaba en una fotocopia de mala calidad y fijándose en las siglas KN95.
Rechaza la imputación
Por otro lado, la Audiencia de Madrid ha desestimado el recurso de apelación presentado por Podemos contra la decisión del magistrado de denegar que Elena Collado declare en calidad de investigada.
De igual modo, el magistrado deniega en el auto que se impute a Engracia Hidalgo, concejala delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.
Alega el juez Adolfo Carretero en la resolución que no aprecia «indicio alguno que permita imputar el delito de prevaricación» a ninguna de ellas.
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