El Botànic propone acelerar la reforma de la financiación y un fondo de nivelación en los PGE hasta entonces

Además, los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno del Botànic proponen iniciar un proceso de diálogo bilateral entre el Gobierno y la Generalitat para dar solución a la deuda histórica acumulada a consecuencia de la infrafinanciación. Las propuestas se votan durante este jueves 29 en la última jornada del debate.

La oposición también ha registrado propuestas sobre la financiación autonómica. El PP exige tomarse «muy en serio» la reforma del sistema y «acudir a los tribunales» al igual que hizo el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, en 2016, como ha declarado este miércoles su síndica en Les Corts, Mª José Catalá.

En concreto, los 'populares' instan a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) antes de octubre para que el Gobierno presente su modelo de financiación basado en el coste que supone para las autonomías la sanidad, la educación y las políticas sociales.

Reclaman además que el nuevo sistema aborde la deuda histórica y se apruebe antes de que acabe el año para entrar en vigor el 1 de enero de 2023. De no ser así, proponen que el Gobierno transfiera a la Comunitat un fondo de nivelación anual y no retornable de al menos 1.336 millones.

Cs, por su parte, plantea que los PGE incluyan un fondo de nivelación transitorio que permita alcanzar la media nacional de financiación, en base al criterio de población ajustada, hasta que la reforma no salga adelante en el Congreso. También pide un fondo de compensación de la deuda generada por la infrafinanciación o el «maltrato financiero», en palabras de su síndica, Ruth Merino.

Reversiones y agencia de energía

Al margen de la financiación, las propuestas del Botànic incluyen iniciar la reversión a gestión pública de los departamentos sanitarios de Dénia y Manises a medida que finalicen las actuales concesiones, crear una agencia autonómica de energía para comercializarla en régimen de libre competencia o avalar la candidatura de Alicante para la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial.

Otras medidas registradas por los socios son acelerar la finalización del Corredor Mediterráneo, que los PGE de 2023 incluyan inversiones de transporte equivalentes al peso poblacional, ejecutar las inversiones necesarias en ferrocarriles posteriormente llevar a cabo la cesión de Renfe Cercanías a la Generalitat o que el Gobierno cumpla con el pago del 50% del gasto de la dependencia.

A nivel económico plantean que las ayudas a grandes empresas «no sean a fondo perdido», sino que la inversión se traduzca en accionariado asumido por la Generalitat, impulsar medidas para sectores estratégicos como el azulejo o continuar fomentando ayudas para reforzar la jornada laboral de 32 horas.

En educación apuestan por avanzar en la gratuidad 1-2 años con un aumento del bono infantil no inferior al 15% actual, congelar los precios del comedor escolar a pesar de la inflación y desarrollar planes para mejorar las condiciones en zonas catastróficas. Y en sanidad, aumentar y consolidar plantillas en base a las listas de espera e impulsar un plan de acción de salud mental hasta 2026.

También piden garantizar la protección permanente en caso de desahucio sin alternativa habitacional o regular precios máximos de alquiler en zonas tensionadas, así como aumentar las plazas y los salarios en el sector de las residencias, establecer la gratuidad del Carnet Jove o poner en marcha una «comisión de la verdad» sobre la Guerra Civil y el franquismo.

Oposición

Entre las propuestas de la oposición, que coinciden en reducir el número de consellerias, el PP plantea medidas fiscales concretas para la compra de vivienda o el emprendimiento e insta a prolongar la gratuidad del transporte público de la Generalitat más allá del 31 de diciembre y hasta que la inflación se sitúe por debajo del 3% en la Comunitat.

Exige además un decreto para dar salida a los proyectos de energía solar en tramitación, mayor apoyo a la industria cerámica, un plan extraordinario para combatir la pobreza, más plazas en residencias y una ley de conciliación familiar, una reforma legal que determine los tiempos máximos de demora quirúrgica y diagnóstica y garantizar la libertad de los padres para elegir centro y lengua.

Cs, por su parte, propone suprimir el requisito lingüístico del valenciano para funcionarios, eliminar los aforamientos para diputados y miembros del Consell o dos PERTE para impulsar el turismo y la energía nuclear. También fijar por ley un máximo de 60 días para ser operado, obligando a derivar al paciente a otro centro elegido por él si se supera, y un cambio radical en la gestión de emergencias tras los incendios de este verano.

Y Vox reclama reformar el Estatut d'Autonomia para reducir el máximo de diputados de Les Corts de 99 a 66, «proteger el derecho a ser educado en español», impedir que los inmigrantes en situación irregular accedan a ayudas sociales o suprimir de la sanidad pública las operaciones «ajenas a la salud (cambio de sexo, aborto, eutanasia, etc.)» para incluir los servicios bucodentales no estéticos.