El Consell rechaza el recurso del Valencia CF contra la caducidad de la ATE del nuevo Mestalla

En su recurso de reposición, el club alegaba «la improcedencia de imputar al promotor el incumplimiento de las obligaciones fijadas en la ATE, los retrasos debidos a la inactividad del Ayuntamiento de València y las consecuencias de la COVID-19». Consideraba el acuerdo del Consell sobre su caducidad «injustificado, desproporcionado y oneroso para el interés público», según el dictamen al que ha tenido acceso Europa Press.

La Conselleria de Territorio, al respecto, apunta que la decisión de caducar la ATE «no puede considerarse ni desproporcionada ni gravosa ni contraria al interés general, salvo si el Valencia CF la considera así por el hecho de perder la condición de promotor, cuestión que por otra parte ha quedado plenamente justificada ante los incumplimientos constatados y las consecuencias que la legislación establece al respecto».

Asimismo, el club alegaba que el acuerdo del Consell declarando la resolución anticipada y la caducidad de la ATE «es extemporáneo al haberse dictado transcurridos los 3 meses establecidos en el artículo 21 de la Ley 39/2015 y por tanto prescindiendo del procedimiento legalmente establecido». Sin embargo, la administración señala que el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP) establece "'el plazo para resolver el
procedimiento de resolución de la adjudicación de los programas de actuación integrada será de ocho meses', plazo que es coincidente con el que establecen otras dos normas".

Desde el Consell han apuntado que la decisión tomada por el pleno este viernes «no supone ningún cambio respecto a la situación del mes de julio» y que la caducidad de la ATE «deja las manos libres al Ayuntamiento de València y al Valencia CF para que puedan alcanzar un acuerdo que permita finalizar las obras del nuevo Mestalla y permite que los ciudadanos conserven los aspectos beneficiosos para la ciudad del anterior acuerdo».

Se trata, además, «de una solución avalada jurídicamente, que mantiene los beneficios urbanísticos par el Valencia, justificados en el interés general de los valencianos y valenciana y en el interés de la ciudad de València», ha añadido desde el gobierno valenciano.