Vox pide que no se cobren los recibos del agua a propietarios de viviendas okupadas

El 2 de abril de 2020 entró en vigor el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo (en adelante, RDL), que estableció la suspensión de los procedimientos de desahucio derivados de contratos de arrendamiento sometidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, así como de los lanzamientos de los declarados vulnerables sin alternativa habitacional.

Así, a todo aquel que acreditase vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la pandemia de Covid, y una vez comunicado al juzgado por los servicios sociales, se le suspendería el lanzamiento, y si no se había celebrado la vista, se suspendería también la vista.

Para Vox, esta circunstancia, que se estableció con un marco temporal «breve», se ha ido prorrogando «una y otra vez, y nada hace pensar que no vaya a seguir prorrogándose a lo largo de la actual legislatura».

Además, se estableció un criterio para acreditar la vulnerabilidad que hace que «prácticamente cualquier familia de clase media de Madrid sea vulnerable». «Así, una familia con dos hijos, que tengan unos ingresos declarados de hasta 1.852 euros/mes, y unos gastos de alquiler de 573 euros (incluyendo suministros de agua, gas y luz) es susceptible de ser declarado vulnerable, es decir, la práctica totalidad de los inquilinos de Madrid», han lamentado.

Por tanto, a su juicio, «son varios miles los propietarios afectados por esta situación, máxime cuando muchos inquilinos se han aprovechado de esta circunstancia para dejar de cumplir con sus obligaciones».

Canal de Isabel II mantiene congeladas las tarifas del agua en la región, que tiene un precio un 20% inferior a la media nacional. Además ofrece bonificaciones a aquellos usuarios que acrediten no poder hacer frente al pago del agua --del 50% del importe de la cuota de servicio fija--. Además, usuarios que acrediten que su vivienda habitual está habitada por una familia numerosa o por más de 4 personas empadronadas cuentan con bonificaciones.