La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, ve «inadmisible» el retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): «Aboca a la justicia a una grave situación».
De la Oliva se ha pronunciado así durante su intervención en el solemne Acto de Apertura del Año Judicial 2022-2023, al que han asistido, entre otras personalidades, la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé; la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo; la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carmen Llombart; o la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert.
Se da la circunstancia de que la sección territorial valenciana de Juezas y Jueces para la Democracia ha decidido que sus representantes no acudan al acto como muestra de disconformidad por la situación de bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, la entidad ha lamentado que esta situación ha provocado la paralización en la renovación de cargos en la cúpula judicial y en el Tribunal Constitucional.
En su discurso, Pilar de la Oliva se ha referido a una encuesta publicada hace pocos días relativa a la percepción que tienen los ciudadanos respecto de la independencia de la justicia: «Es desolador constatar que más del 70% de los encuestados manifiestan desconfiar de la independencia de la justicia en España», ha dicho.
Y, al respecto, considera que esta percepción tiene parte de su origen, más que en la observación del trabajo «riguroso y constante» de la inmensa mayoría de jueces, «en los conflictos de los que todos somos conscientes que impiden y retrasan la renovación del CGPJ», ha apostillado.
Este bloqueo, ha subrayado, en la Comunitat no afecta solo a la presidencia del TSJCV, sino también a la renovación de otros cargos como la presidencia de la Audiencia Provincial de Alicante o la de la sala de lo Contencioso-Administrativo.
«Sí tengo la satisfacción de manifestar que en el ámbito de este tribunal superior, el respeto y la defensa a la independencia de todos los jueces y órganos jurisdiccionales ha sido un principio que ha guiado mi actuación desde que tomé posesión de este cargo. Esta independencia tiene para los jueces un coste personal importante, pero se asume», ha puesto de manifiesto.
La justicia, en cifras
Por otro lado, De la Oliva ha hecho un balance de las actuaciones judiciales en 2021 y ha destacado que se ha concluido el ejercicio con una disminución de la pendencia de un 18% respecto a 2020. Y esta tendencia positiva se ha vuelto a apreciar en el primer trimestre de este año, en el que, a pesar a aumentar un 5% el ingreso de asuntos, se ha resuelto un 3,5% más, lo que ha permitido bajar la tasa de pendencia casi un 6%.
Por jurisdicciones, en relación con lo Social, la presidenta ha expuesto que ha habido un incremento de la litigiosidad tanto en los juzgados como en la sala de lo Social del TSJCV. Así, ha indicado que esta Sala registró en 2021 un incremento en el número de recursos registrados, que ascendieron a 4.500, y esta tendencia continúa en este año 2022, pues solo en los dos primeros trimestres ya son 2.300 los recursos que han tenido entrada en la Sala.
Por su parte, en la sala de lo Contencioso-Administrativo, la disminución de asuntos pendientes resulta «patente», como lo es también que el elemento más importante que ha contribuido a ello «es el mayor índice de resolución de asuntos», ha dicho.
En la sala de lo Civil y Penal y en la sección de Apelación se mantiene una entrada de asuntos prácticamente igual a la de años anteriores, ha informado De la Oliva.
Y la presidenta ha manifestado que mientras no se aborde el cambio de modelo organizativo, que considera «agotado», «se hace necesario seguir creando nuevas unidades judiciales», opina.
En este punto ha agradecido el «compromiso» de la Generalitat para la adecuación de la planta judicial a las «necesidades reales», la mejora de instalaciones judiciales, así como el refuerzo de funcionarios que son de su competencia.
En estos momentos, ha añadido, que en coordinación con conselleria se ha apostado por la comarcalización de los juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer «con el convencimiento de que estos órganos especializados darán una respuesta judicial mejor a las víctimas a fin de paliar en la medida de lo posible su sufrimiento», ha apostillado.
De la Oliva se ha referido a la violencia que se ejerce contra los menores de edad y ha aludido a Sueca --crimen de un hombre a su hijo de 11 años--: «Ello motivó que trasladáramos al CGPJ nuestra preocupación y una serie de propuestas que han tenido ahora acogida con un acuerdo de la Comisión Permanente», ha dicho.
«Es necesario --ha apuntado-- mejorar la coordinación entre los juzgados de familia y los de violencia y utilizar todas las herramientas tecnológicas a nuestra disposición en la consulta de bases de datos para dar una mayor protección y seguridad a todas las víctimas».
Incertidumbre económica
En general, la presidenta del TSJCV ha manifestado que en estos momentos de incertidumbre económica «la adopción de medidas para salir de la misma pasa por mejorar la situación de la justicia que debe ser prioritaria en las agencias de las instituciones».
«Para hacer frente a las necesidades de la sociedad --ha manifestado-- son necesarias reformas sustantivas, como por ejemplo el derecho de familia y sucesiones, además de otras muchas, organizativas, como la implantación de los tribunales de instancia, tecnológicas o de gestión».
A su juicio, «estamos inmersos en la cultura del conflicto y hemos de sustituirla por la del pacto, el acuerdo, y ello debe hacerse desde los primeros estadios de la educación».
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