El Parlamento aragonés ha aprobado este jueves, en sesión plenaria, el dictamen del proyecto de ley reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal con el fin de regular la colaboración financiera de la Comunidad autónoma de Aragón con los municipios de su territorio, contribuir a la suficiencia financiera y a la realización del principio de solidaridad y equilibrio territorial, así como el fomento del asociacionismo municipal.
El encargado de defender el dictamen de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario ante el Pleno ha sido el coordinador de la Ponencia, el diputado socialista Darío Villagrasa.
El debate de totalidad de este texto fue celebrado el 21 de octubre de 2021 y superó el trámite con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios excepto VOX. A su vez, el proceso de audiencias legislativas se realizó el 23 de noviembre del mismo año con las intervenciones de la Federación de Municipios, expertos de la Universidad de Zaragoza, colegios profesionales y representantes de los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel.
La ponencia fue constituida el pasado 21 de junio y ha estudiado las ochenta y una enmiendas presentadas desde las formaciones políticas. En este sentido, el G. P. Popular presentó 32, Ciudadanos, un total de 25, VOX, 10 e Izquierda Unida, 14.
El texto legal en trámite se estructura en quince artículos, distribuidos en cinco capítulos y nueve disposiciones adicionales y pretende dar una respuesta a la financiación local a través de un sistema con reglas claras de generación y distribución.
En representación del PSOE, Darío Villagrasa ha defendido la inclusión en esta ley de la obligación de respetar la normativa de memoria democrática: «Hay una mayoría de personas que nos sentimos orgullosos de ser demócratas y no queremos plazas del caudillo ni avenidas del generalísimo».
La portavoz del PP, Mar Vaquero ha tildado esta ley de «insuficiente e insolidaria», tras lo que ha recordado que este Fondo fue introducido por el presidente del Gobierno de Aragón Santiago Lanzuela, quien «supo entender la importancia de cooperar con los Ayuntamientos».
Ley "coja"
La diputada de Cs Beatriz García ha señalado que cuando comenzó la tramitación parlamentaria del proyecto de ley «pintaba bien» y que Cs está de acuerdo «en el fondo», pero «la ley se ha quedado coja» porque solo se les han admitido dos enmiendas de 25 al articulado.
Para la diputada de Podemos Marta de Santos, con esta norma se crea un fondo incondicionado fijado por ley «que asegurará una cuantía mínima» y «se crean criterios transparentes de reparto».
Desde CHA, Carmen Martínez ha espetado a los populares que «congelaron» este fondo en 10,5 millones de euros e «hicieron competir a los Ayuntamientos para conseguir financiación».
El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha defendido una «correcta» financiación para apoyar a los habitantes de los pueblos pequeños y medianos que quieren seguir residiendo en sus localidades.
El diputado de VOX David Arranz ha rechazado «la caza de brujas» que a su juicio supone la inclusión de la normativa de memoria democrática para recibir ayudas, «un sinsentido, una coacción».
El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha dicho que «los Ayuntamientos participan por derecho en los recursos de la Comunidad» y ha lamentado que se deje fuera del debate la capacidad fiscal.
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