Según ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación, en su despacho, tras conocerse el anuncio, estas ayudas tienen un «criterio incentivador» para la captación de nuevas empresas y para nuevas contrataciones indefinidas en la provincia. Estas últimas tendrán una bonificación en las cotizaciones por contingencias comunes del 15% y en los ayuntamientos de menos de mil habitantes alcanzarán el 20%.
La consejera ha remarcado que tres de cada cuatro municipios de la provincia tienen menos de mil habitantes --219 del total de 236-- y las empresas que se instalen en ellos podrán beneficiarse de ese 20%.
Pérez ha manifestado que estos criterios ya se han implantado en otros países nórdicos, como Noruega, «y se han visto resultados muy positivos», tanto en la calidad del empleo como en la captación y el asentamiento de población.
Por eso, «es una medida francamente muy positiva y, además, abre la puerta a que otras poblaciones con las mismas características, si esto funciona, puedan implementarlo», esto, a pesar de que habrá quien, «seguramente, saldrá criticándolo, como no puede ser de otra manera», como hacían antes «porque no estaban»; ahora, «encontraremos agoreros que dirán que esto no es suficiente», ha vaticinado.
Impulsada por aragón en 2019
Mayte Pérez ha mostrado este jueves su «profunda satisfacción» por el anuncio de Pedro Sánchez y ha recordado que es una medida «que puso encima de la mesa el propio Gobierno de Aragón a principios del año 2019».
«Por fin, hemos visto el compromiso claro», ha agregado, para incidir en que la iniciativa partió de Aragón «y cuando vimos que teníamos una realidad similar a la provincia de Soria y Cuenca, sumamos a las dos comunidades autónomas», Castilla-La Mancha y Castilla y León, y «hemos estado hablando con el Gobierno España», que ha sido el que ha ejercido la interlocución con la Comisión Europea, que ha incluido a las tres provincias en el nuevo Mapa de Ayudas de Finalidad Regional.
A partir de ahí, «hemos estado en conversaciones con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y con el propio ministro de Presidencia, Félix Bolaños», ha contado la consejera aragonesa.
Pérez ha agregado que el propio presidente de Aragón, Javier Lambán, «ha estado hablando con todos para intentar que una realidad que había reconocido Europa formara ya parte de una propuesta más concreta y se pusiera en marcha cuanto antes».
Confianza
La titular de Presidencia del Gobierno de Aragón ha esgrimido que este anuncio supone «un mensaje de confianza a nuestros administrados, de que realmente cuando las cosas se trabajan con rigor, bien y se alinean todas las Administraciones podemos conseguir medidas que sigan avanzando en el progreso de la provincia de Teruel».
Pérez ha reconocido que esta bonificación en costes laborales «no es la panacea, no es la solución a la situación de debilidad que en algunos momentos puede tener el empresariado en la provincia de Teruel, hay otras muchas que complementan el fortalecimiento de los servicios públicos, que dan garantía precisamente para seguir viviendo en el medio rural», como «la apuesta por sectores estratégicos y de oportunidad que están siendo líderes y referentes en nuestra provincia, al igual que en la provincia de Zaragoza y la provincia de Huesca».
A su entender, la lucha contra la despoblación es «transversal», pero, «sin duda, esta es una ayuda, es una ventaja competitiva importante» y, a falta «del desarrollo más esencial», conocer el anuncio y las condiciones que van a regir son «una magnífica noticia para la provincia de Teruel».
Ahora, «quedarán los trámites ordinarios para ponerla en marcha», después de que ya en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 apareciera como una disposición adicional «y la voluntad política estaba clara, había que definirla y ya se ha definido».
Discriminación positiva
Pérez ha defendido que la lucha contra la despoblación «no solo es dinero, también una discriminación positiva», tener presente a esos lugares «a la hora de hacer legislación y normativizar, pero también es una apuesta evidentemente presupuestaria».
Ha subrayado que desde el Gobierno de Aragón se ha impulsado «un paquete de medidas y de políticas» para lograr «cohesión social, territorial, equilibrio e igualdad de oportunidades en la prestación de los servicios».
También ha constatado que esta iniciativa no solo ha sido impulsada por el Ejecutivo, sino que lo ha sido desde un Departamento, el de Economía, que gestiona el PSOE, por parte de la consejera Marta Gastón, a principios de 2019 y «no ha habido ni un solo proyecto nuevo, ni iniciativa nueva de ninguna otra opción política» para esta provincia.
«Se suman pidiendo más dinero, pero nunca dicen para qué y tengo que decir que este proyecto lo hemos estado hablando directamente con el Gobierno de España porque es con ellos con quien hemos tenido la interlocución constante», ha concluido.
Origen de la propuesta
El Gobierno de Aragón ha detallado que la posibilidad de conseguir estas bonificaciones surgió a raíz de un informe no vinculante solicitado al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón a principios de 2019. Este órgano determinó que Teruel podía tener derecho a recibir importantes compensaciones por parte de la UE para contrarrestar la despoblación, como sucede en territorios del norte de Europa.
El 19 de abril del año pasado, la Comisión Europea constató en las nuevas Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional de la Comisión Europea, diseñadas para el periodo 2022-2027, que las empresas turolenses podían tener acceso a estas subvenciones.
Hace un año, los ejecutivos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León pusieron en común un informe elaborado por una consultora en el que se daba respuesta a cómo articular estas bonificaciones, al amparo de las nuevas Directrices.
El estudio facilitaba al Gobierno central la herramienta jurídica necesaria para que Bruselas validara las ayudas, de forma que no tuvieran efectos negativos sobre la competencia y el comercio, como exige la Comisión Europea, y como así se ha constatado.
El mapa de ayudas define las regiones españolas que pueden optar a ayudas regionales a la inversión. También establece las intensidades máximas de ayuda en las regiones que pueden acogerse a subvenciones, que es el importe máximo de ayuda estatal que puede concederse por beneficiario, expresado como porcentaje de los costes de inversión subvencionables.
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