El Grupo Parlamentario Socialista ha retomado en la duodécima legislatura su solicitud de información dirigida a la Junta de Andalucía para que las consejerías del Gobierno andaluz le aporten copia de los contratos de emergencia realizados al hilo de la pandemia de Covid-19, desde el inicio de esta crisis sanitaria en marzo de 2020.
En la pasada legislatura, el Grupo Socialista ya anunció que había registrado en el Parlamento «solicitudes de información» para «todas y cada una de las consejerías» pidiendo «la relación y copia de todos los contratos de emergencia realizados», y que en la información que se le aportase por parte de la Junta constase «el órgano de contratación, la fecha de contrato, el importe, la justificación y el informe de la emergencia, la forma de pago, la motivación de la urgencia del referido contrato y la persona o entidad adjudicataria».
Además, el PSOE-A solicitó en abril la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre la contratación de emergencia de la Junta realizada al hilo de la pandemia, si bien la iniciativa decayó con la convocatoria anticipada de elecciones para el pasado 19 de junio.
Con fecha del pasado 3 de octubre, y de la mano de su portavoz adjunta, María Márquez, ha registrado en el Parlamento 13 solicitudes de información, consultadas por Europa Press y dirigidas a cada una de las consejerías del Gobierno andaluz y a sus entes instrumentales, para que aporten «relación y copia de todos los contratos de emergencia realizados al amparo de lo establecido en el artículo 9 del Decreto Ley 3/2020, de 16 de marzo de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (Covid-19), durante los ejercicios 2020, 2021, y hasta la fecha de esta solicitud» para «la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19».
Las solicitudes del PSOE-A reclaman que la relación que se aporte «deberá constar, al menos, el órgano de contratación, fecha de contrato, importe, justificación e informe de la emergencia, forma de pago, motivación de urgencia del referido contrato y persona o entidad adjudicataria del mismo».
El pasado mes de marzo, el Consejo de Gobierno andaluz aprobó un decreto ley que incluía la derogación parcial del citado Decreto ley 3/2020, de 16 de marzo, al entender que «en la situación sanitaria actual» habían «dejado de concurrir las razones que en su momento hicieron necesaria la aprobación de las medidas excepcionales establecidas que, no obstante, han servido para atender las necesidades provocadas por la emergencia sanitaria».
Específicamente, por lo que se refería a la contratación de emergencia --artículo 9 de dicho decreto--, la Junta acordó en marzo de 2022 que «se volvería a la regulación previa a la declaración del estado de alarma --en marzo de 2020--, sin perjuicio de que en caso de que sea necesario aplicar la tramitación de emergencia pueda acudirse al régimen general establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre».
Ante una posible solicitud de comisión de investigación
En julio, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ya anunció que su partido pediría, «a partir de septiembre», información a la Junta sobre contrataciones de emergencia llevadas a cabo por la Administración autonómica en la anterior legislatura y, en función de esa documentación, decidiría si vuelve a registrar su solicitud para que se constituya una comisión de investigación en el Parlamento acerca de esta cuestión.
Espadas lamentó que, en la anterior legislatura, «una mayoría parlamentaria impidió que determinadas iniciativas políticas del Grupo Socialista pudieran salir adelante, fundamentalmente las relativas a transparencia en la gestión de multitud de expedientes que no habían sido objeto de conocimiento e información pública suficiente, sobre contratación de emergencia que se llevó a cabo» por parte de la Junta y «que al final de la legislatura intentamos que pudieran conocerse en profundidad».
El líder del PSOE-A anunció entonces que el Grupo Socialista plantearía que «una de las primeras decisiones» que pudiera tomar la nueva Mesa del Parlamento fuera «corregir a la anterior y facilitar el acceso a esa información, en primer lugar, y debatir sobre ella en el Pleno», y para ello desde el PSOE-A iban a solicitar a la Junta «todo aquello que no se nos remitió y que, con la finalización de la legislatura, de alguna manera el Gobierno quiso dar por finiquitado».
«Así que lo primero será restablecer esa base de información que sustente la necesidad de mantener esa petición de comisión de investigación en el Parlamento» que «no se nos dio ni siquiera la oportunidad de debatir» en la pasada legislatura.
Espadas aclaró que, «sobre la base de la información» cuya solicitud han vuelto a reiterar ahora los socialistas, plantearían la creación de una comisión de investigación «si, como entendemos del análisis de una parte de la información que ya analizamos en la anterior legislatura, entendemos que es necesario que se investigue y se den cuentas por parte del Gobierno, del anterior Gobierno y de personas específicas del Gobierno sobre determinadas contrataciones».
«Será ya en septiembre cuando solicitemos esa batería de información y tomemos la decisión definitiva de volver a registrar o no esa petición de comisión de investigación», confirmó el pasado mes de julio Juan Espadas, que defendió que ese es el modo «más serio» de actuar, y «no por impulso».
Procedimiento "arbitrario e injustificado"
Desde el PSOE-A denunciaron en la pasada legislatura que la Junta había recurrido al mecanismo de contratación de emergencia para asuntos que no tenían «nada que ver con la incidencia de la pandemia», y pese a estar ya las condiciones del mercado «normalizadas», de forma que «no había ningún motivo para utilizar este procedimiento arbitrario, injustificado».
«La pregunta es para qué, por qué y para quién son esos contratos», según manifestó entonces la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, quien acusó a la Junta de haber realizado «contratos a dedo de manera interesada para burlar los procedimientos que garantizan la igualdad y concurrencia, que son principios que recoge la Ley de Contratos del Sector Público y la propia Constitución».
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