Incautadas 19 especies vivas en un operativo contra el tráfico de especies en el marco de Expoterraria | POLICÍA MUNICIPAL

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El Parlamento Europeo ha pedido recientemente mejorar la protección global de especies en peligro de extinción y aumentar la lucha contra el comercio ilegal de fauna y flora salvaje acabando con estas prácticas en 2025, un papel que en la capital de España corresponde la Unidad de Medio Ambiente (UMA) de la Policía Municipal de Madrid.

En los primeros ocho meses del año, los agentes locales han recuperado 161 animales (96 aves y rapaces, 30 perros, 3 gatos, 9 reptiles, 1 cerdo, 3 animales exóticos, 3 peligrosos y 16 no asignados) que se encontraban en las calles o en viviendas en Madrid en peligro, abandonados o heridos.

También se encuentran entre ellos un número pequeño pero importante de especies exóticas sin documento en vigor del CITES, es decir, sin el aval de las autoridades en el ámbito del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestres. La mayoría procedente del comercio ilegal de especies salvajes.

Tiene por finalidad velar por que el movimiento transfronterizo internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no amenace a las especies de fauna y flora silvestres o se convierta en objeto de explotación no sostenible, a causa del tráfico y comercio internacional.

El CITES establece la necesidad de obtener permisos de exportación en el país de origen y de importación en el de destino previos al intercambio de los ejemplares. También contempla la emisión de certificaciones para las excepciones previstas en el Convenio. Además, el Convenio permite la posibilidad de aplicar legislaciones nacionales más estrictas, como es el caso aplicado por la Unión Europea.

La adhesión de España a CITES se efectuó en 1986. La UE creó el Reglamento (CE) nº 338/1997 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio e indica que cada Estado miembro designará una Autoridad Administrativa principal, que en España ejerce la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

El trabajo de la policía municipal

En este apartado, la UMA de la Policía Municipal recibe avisos de animales abandonados que fueron comprados en tiendas que los adquirieron de forma ilegal, o por Internet, y que sus dueños no pudieron o supieron controlarlos o mantenerlos. O simplemente no supieron qué hacer con ellos a la hora de viajar en un avión o en un barco. O que se les han escapado debido a que son animales con un hábitat muy diferente al madrileño.

Entre enero y agosto de 2022, la Policía Municipal de Madrid ha realizado 7 inspecciones relacionadas con el CITES, 5 inspecciones en locales de ventas de animales y 1 denuncias de estas ventas, según la estadísticas del Cuerpo Local recopilada por Europa Press.

Una de esas operaciones contra el comercio ilegal de especies tuvo lugar a principios de año, cuando los agentes localizaron en un domicilio del distrito Hortaleza un serval de la sabana africana, una especie de felinos cuya tenencia está prohibida en la Comunidad de Madrid. El animal fue trasladado al Centro de Recuperación de Animales Salvajes (CRAS).

Operaciones conjuntas con autoridades internacionales

También son frecuentes las operaciones conjuntas con autoridades internacionales por parte de la UMA. El último operativo de estas características tuvo lugar en la Feria Internacional de Reptiles, Anfibios, Peces, Invertebrados y Pequeños Mamífero 'Expoterraria', que se celebró el pasado mes de septiembre en la Casa de Campo.

Allí, se incautaron de 19 ejemplares de animales que estaban expuestos dentro de tupperwares para su venta ilegal en un aparcamiento cercano al Pabellón de Cristal. La mayoría eran reptiles, camaleones y serpientes y cuatro de ellas figuraban en el convenio CITES. Los agentes arrestaron a un ciudadano español como responsable de la venta. Asimismo, lograron determinar que uno de los compradores se había trasladado desde Portugal para realizar la compra de los especímenes con un vehículo matriculado en el país luso.

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Servicio de Protección a la Naturarela UCOMA-Seprona, Gima 1, se hizo cargo del caso por un presunto delito contra el tráfico de especies. Todas las especies decomisadas fueron entregadas y en custodia del Ministerio para la Transición Ecológica.

En esta operación, la Unidad de Medio Ambiente de Policía Municipal de Madrid colaboró operativamente con UCOMA-Seprona de la Guardia Civil, con Europol, con el Ministerio para la Transacción Ecológica para la Cooperación Policial, la Autoridad de Seguridad y Alimentos de Holanda (NVWA), la Policía Carabineri de Italia (Medio Ambiente), la Policía Medio Ambiente de Suecia y la Policía Medio Ambiente de Países Bajos para realizar el servicio de Vigilancia e Inspección Administrativa en esta feria, que contó con un equipo de drones, que fueron los que descubrieron el tráfico ilegal de estos animales.

La resolución de estrasburgo

En una resolución firmada la semana por los eurodiputados, piden poner fin a este fenómeno, tras señalar el auge del mercado de mascotas exóticas que se comercializan tanto en la Unión Europea (UE) como a nivel internacional, de tal forma que solo haya comercio legal de especies salvajes dentro de tres años.

El tráfico supone una amenaza a la vida silvestre la propia salud humana y animal y el medio ambiente, avisan la resolución de la Eurocámara, que pone de relieve que la pandemia de coronavirus ha evidenciado el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas de animales a humanos, algo vinculado al comercio mundial de especies salvaje.

Así las cosas, el Parlamento Europeo insta a todos los países a mejorar significativamente la aplicación de la Convención de la ONU, pues la aplicación actual de prohibiciones y restricciones al comercio de especies protegidas es «inadecuada debido a la falta de recursos».

Y apunta también a que los delitos transnacionales contra la vida salvaje sean reconocidos como delitos organizados graves en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.