Los registros, efectuados por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de València y la Fiscalía Anticorrupción, tienen que ver con una de las piezas secretas de Azud, procedimiento en el que se investigan presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento de la capital valenciana por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas supuestamente ficticias.
Esta operación de la UCO, denominada 'Zagreo', se habría originado con unos papeles hallados en el domicilio del exsecretario de finanzas del PSPV José María Cataluña --investigado en Azud-- relacionados con presuntas comisiones en adjudicaciones de un tramo del trasvase del Júcar-Vinalopó, licitado por Aguas del Júscar, dependiente del ministerio que dirigía Cristina Narbona.
De esta forma, la documentación ha dirigido a los investigadores hacia la búsqueda de nuevos datos de otra presunta trama de corrupción, la denominada Acuamed, que investiga la adjudicación fraudulenta por parte de esta empresa estatal de obras a diversas empresas.
Los registros se habrían centrado, entre otras mercantiles, en Acciona y en Construcciones Gimeno, en Castellón, en relación con las obras públicas adjudicadas.
Los registros se están llevando a cabo con el objetivo de requerir documentación a las empresas y, además, para tomar declaración a diferentes personas, tanto en calidad de testigos como de investigados.
Se trata de un procedimiento declarado secreto en el que se investigan delitos de prevaricación, cohecho y malversación y que cuenta con el apoyo de la Europol, que ha desplazado una oficina móvil y medios técnicos para prestar su apoyo en el transcurso de las actuaciones.
El objetivo de esta operación se centraría, según ha podido saber Europa Press, en la búsqueda de intermediarios entre las administraciones públicas y los empresarios a los que se les adjudicaban diferentes contratos o servicios.
El caso azud
Entre los investigados en Azud --alrededor de 60 personas-- se encuentran el exvicealcalde de València con el PP y mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau; el cuñado de la ex primera edil y abogado, José María Corbín, y su familia; el exconcejal socialista y exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio; y el que fuera jefe de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera.
El caso arrancó en 2017 pero no fue hasta dos años más tarde, en abril de 2019, cuando se practicaron las primeras detenciones: las de los abogados José María Corbín y Diego Elum. En una segunda fase, en mayo del pasado año, la jueza ordenó la detención de Grau, Rubio y Vera, todos ellos ya en libertad.
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