Este acuerdo, que se dictó en cumplimiento de la Ley 5/2021 reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunitat Valenciana, obliga a la institución alicantina a aportar al Fondo 13,4 millones de euros en 2023, subraya la Diputación.
El recurso se fundamentará sobre un informe previo elaborado por los servicios jurídicos de la Diputación que justifican que el documento de la Conselleria vulnera el artículo 142 de la Constitución Española y el 64.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, que amparan el principio de suficiencia de las Haciendas Locales, no solo de los municipios sino también de las provincias.
Además, el documento de los servicios jurídicos de la Diputación pone de relieve que la norma del Consell vulnera también el artículo 66.3 del Estatuto de Autonomía, que prevé la coordinación de funciones propias de las diputaciones que sean de interés general de la Comunitat, por cuanto su único objeto es «incorporar obligatoriamente a las diputaciones a la financiación del Fondo autonómico», una obligación que atenta también contra el artículo 59.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.
La Comisión de Hacienda de la Diputación de Alicante propondrá al Pleno la interposición de un recurso contencioso-administrativo para anular el acuerdo, por «su carácter lesivo a los intereses generales de la provincia de Alicante y, en consecuencia, de esta Diputación».
El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, ha recordado: «Desde el primer momento rechazamos el carácter obligatorio de este fondo y el camino de la imposición por el que ha optado el president Ximo Puig, a pesar de que siempre hemos estado abiertos al diálogo».
«Esta falta de consenso nos obliga ahora a tener que recurrir a los tribunales para defender la autonomía provincial que trata de socavar el Fondo de Cooperación», ha añadido Mazón, al tiempo que ha defendido el modelo impulsado por la institución alicantina «en el que se prioriza más en el reparto de las ayudas a los municipios más pequeños».
Asimismo, el informe del área jurídica de la Diputación recuerda que el Tribunal Constitucional (TC) ya ha admitido a trámite dos recursos de inconstitucionalidad planteados contra la Ley del Fondo de Cooperación y que tres de los consejeros del Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana plasmaron sus dudas en el dictamen con sus votos particulares.
Los servicios jurídicos de la institución alertan, además, de que la normativa del Consell "compromete el presupuesto provincial en una cuantía lo suficientemente importante para imposibilitar actuaciones enmarcadas en la competencia propia de la Diputación provincial de
Alicante« y también »condiciona" la elaboración de su presupuesto.
Por todo ello, y «como consecuencia de la afectación presupuestaria que supondría, y máxime en el último trimestre del año», los servicios jurídicos aconsejan que se adopte como medida cautelar la suspensión de la aplicación del Acuerdo por los «inequívocos e irreparables perjuicios» que conlleva para la actividad de la institución.
"intento de boicot"
Por su parte, el director general de Administración Local del Consell, Toni Such, ha lamentado la actitud «insolidaria» del Partido Popular con los municipios alicantinos y el «intento de boicot» al Fondo de Cooperación. «Es un intento más de confrontación política en un tema en el que la mayoría de los ayuntamientos y ciudadanos agradecen la distribución económica objetiva y justa que realiza el Fondo de Cooperación Municipal», ha explicado en un comunicado de la Generalitat.
Asimismo, ha añadido que «el intento del Partido Popular y de Mazón de instrumentalizar la Diputación Provincial para confrontar con la Generalitat es un intento burdo y lamentable».
Paralelamente, el grupo del PSPV en la Diputación de Alicante ha mostrado, también a través de un comunicado, su oposición a la interposición del recurso y ha lamentado que «los dirigentes del Partido Popular continúen con su ofensiva en contra de los intereses de la población alicantina».
«El Fondo de Cooperación pretende profundizar en la garantía de un sistema estable de financiación local con el objetivo de asegurar una gestión pública de calidad en el ejercicio de las competencias municipales. Con esta dotación, se favorece la financiación local, de una manera incondicionada, objetiva y transparente, dando cobertura al principio de autonomía local y proporcionando estabilidad al sistema», ha indicado el portavoz, Toni Francés.
Igualmente, ha señalado que el PP, con este recurso, «quiere limitar el progreso y el auxilio económico a los municipios de la provincia de Alicante que han soportado los duros años de la pandemia, es lamentable como los populares hacen política con el dinero de quienes viven en la provincia de Alicante y no piensen en mejorar sus servicios».
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