El proyecto de Ley de la Función Pública de Andalucía ha superado este miércoles el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento sin necesidad de someterse a ninguna votación porque ningún grupo de la oposición había registrado enmiendas a la totalidad.
De este modo, el proyecto de ley continuará ahora su tramitación parlamentaria en la comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública, donde los grupos podrán presentar enmiendas parciales.
Este proyecto sustituirá a la actual ley, que data de 1985, y aúna en una única norma todas las materias relativas al régimen jurídico de la función pública en Andalucía con el fin de atraer, desarrollar y retener el talento humano, según ha defendido ante el Pleno el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, quien ha confiado en que los grupos introduzcan mejoras en el texto durante el tramite parlamentario en comisión.
Para ello, el proyecto de ley apuesta «por reforzar la formación continua, agilizar los procesos selectivos, profesionalizar la figura del personal directivo, mejorar la carrera profesional de los empleados públicos, incentivar la productividad y favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar regulando, entre otras cosas, el teletrabajo».
El texto se estructura en 177 artículos, distribuidos en 13 títulos, 17 disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias y dos disposiciones finales.
Entre las principales novedades que recoge respecto a la legislación anterior destaca, por un lado, que la potestad de modificar y aprobar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) en la Administración de la Junta de Andalucía recae sobre el titular de Función Pública en lugar de en el Consejo de Gobierno como hasta ahora.
La futura norma también recoge las funciones que corresponden a las diferentes tipologías de empleados públicos --funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral y eventual--, así como las potestades públicas que serán desempeñadas de forma exclusiva por el personal funcionario.
Otra de las novedades importantes, según han destacado desde la Junta, es el establecimiento de un sistema de selección del personal directivo por convocatoria pública y atendiendo a los principios de «capacidad, conocimiento y competencia», para lo que se creará una comisión independiente, y un régimen jurídico y retributivo con una parte variable en función de objetivos marcados en los acuerdos de gestión, cuya evaluación también determinará la continuidad en el puesto.
El directivo público profesional también asumirá obligaciones «éticas y de formación». El objetivo, según ha abundado el consejero, es «ser más transparente en la selección y facilitar elegir a los mejores para ocupar puestos directivos en aras de una gestión eficaz y eficiente».
Regulación del teletrabajo y carrera profesional
Por otro lado, con esta ley se incorpora la posibilidad de teletrabajar, «cuando el puesto lo permita, reconociendo además la necesaria desconexión digital», así como regula la formación, el aprendizaje y la acreditación de competencias, cuyos conceptos se definen y se recogen tanto como derecho y como deber.
Para «atraer y retener el talento profesional a la función pública», la norma incluye la carrera profesional. Así, el personal funcionario de carrera e interino tendrá «oportunidades de ascenso y promoción sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo gracias a la percepción de este nuevo concepto retributivo».
Para ello se va a establecer un sistema de tramos en función de los resultados obtenidos al ser evaluados, según ha recordado el consejero, que ha puesto de relieve además que la ley prevé un procedimiento de evaluación «transparente, objetivo, fiable e imparcial», con el objetivo de «incentivar y reconocer el trabajo productivo teniendo en cuenta conceptos como el grado de interés, la iniciativa o la participación».
De este modo, una evaluación positiva conllevará complementos retributivos por desempeño --que se sumarán a los correspondientes de carrera profesional, nivel competencial y puesto--, mientras que, en el caso de la evaluación negativa, se deberá llevar a cabo un programa de formación específica. En caso de que se repita de forma consecutiva, limitará la evaluación de los méritos en los concursos de traslado y, si la situación persiste, se resolverá de forma reglamentaria.
El texto normativo también recoge la creación de una Comisión de Coordinación del Empleo Público en Andalucía, que actuará como órgano técnico de consulta, asesoramiento para la coordinación de la política de empleo de todas las administraciones públicas de la comunidad; y un órgano administrativo de resolución de conflictos en materia de personal que busca «unificar criterios y reducir la judicialización de estos asuntos».
Por último, el consejero ha destacado que por primera vez se recoge en una norma autonómica andaluza el régimen disciplinario de la función pública.
La norma, que entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una vez que concluya el trámite parlamentario, será de aplicación a todos los empleados públicos de las administraciones andaluzas, con respeto de la normativa propia y específica de determinados sectores y ámbitos como el personal estatutario de Sanidad y Educación, así como a la autonomía local y universitaria.
Los grupos
Por su parte, el diputado del PSOE-A Víctor Torres ha manifestado que el texto debe mejorarse y enriquecerse durante el tramite en comisión parlamentaria y ha puesto en valor el buen hacer en favor de los trabajadores públicos por parte de los sindicatos. Ha considerado que la norma debe ser un marco de seguridad jurídica no sólo para evitar posibles recursos en los tribunales, sino para que tenga una vocación de permanencia y estabilidad en el tiempo.
La diputada de Vox Cristina Jiménez ha manifestado que, sin duda, es necesario actualizar la normativa para adaptarla a la legislación básica del Estado, pero no ve conveniente tramitar este proyecto de ley por la vía de urgencia, sino que se debería tramitar por la vía ordinaria porque es «manifiestamente mejorable». Ha criticado que el Gobierno andaluz haya buscado como socios en torno a esta ley a UGT-A y CC.OO, los sindicatos «de la corrupción, de las mariscadas, del lujo, del alcohol y del poder».
El diputado del Grupo Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado ha considerado que el debate de esta norma se tiene que abordar sin pausa, pero sin prisas, y ha garantizado que su grupo trabajará con responsabilidad para tratar de mejorar el texto en el trámite parlamentario, en cuestiones como el acceso del personal laboral.
El parlamentario del PP-A Juan Bueno ha manifestado que este proyecto de ley es una nueva promesa cumplida por parte del Gobierno andaluz, consciente de que es muy necesaria. Ha indicado que el texto ha llegado a la Cámara tras ser dialogada, negociada y contrastada: «No es la ley del Gobierno actual, sino la ley del consenso».
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