Todos los centros vascos sufragados con fondos públicos deberán reservar plazas para el alumnado más vulnerable

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, junto con la viceconsejera Begoña Pedrosa, ha explicado en rueda de prensa en San Sebastián las principales modificaciones que el Departamento de Educación ha llevado a cabo en el Decreto 1/2018, de 9 de enero, por el que se regulan el procedimiento y los criterios de admisión y escolarización del alumnado, tanto en centros públicos dependientes del Departamento de Educación como en privados concertados.

Estas modificaciones han sido aprobadas en sesión del Consejo de Gobierno de este pasado miércoles, y entrará en vigor de cara al proceso de admisión del próximo curso 2023-2024. Tras la publicación del nuevo Decreto de Admisión y Escolarización, el Departamento de Educación hará pública la Orden que desarrolla ésta, incluyendo el calendario y las instrucciones para el proceso de admisión para el curso 2023-2024.

Bildarratz ha afirmado «uno de los principales retos que tenemos como sociedad, y que también implica a la educación, es lograr una mayor cohesión, un mayor equilibrio. En el ámbito educativo, eso significa que tenemos que lograr gestionar mejor la atención al alumnado más vulnerable».

Así, ha considerado que «toda la comunidad educativa se debe implicar en este objetivo irrenunciable». «Nuestra sociedad ha cambiado mucho en los últimos años, y esa realidad social también debemos trasladarla al sistema educativo», ha añadido.

«En todos los municipios se dan realidades diferentes, tenemos diferentes centros que responden de una manera u otra ,y en algunos hay un desequilibrio que intentamos corregir», ha señalado el consejero.

Principales novedades

Las principales novedades que introducen tanto la nueva redacción del Decreto de Admisión y Escolarización, como la Orden que lo desarrolla, son reserva de plazas para la escolarización de alumnado vulnerable. De este modo, todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos deberán reservar un número de plazas que determine el Departamento de Educación para la escolarización de este alumnado.

Esta reserva de plazas se establecerá una vez recibidas las solicitudes durante el plazo de inscripciones. La medida busca «una distribución equilibrada de la diversidad y de la vulnerabilidad» entre todos los centros del Servicio Público Vasco de Educación, a fin de «evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza».

El nuevo texto detalla en este apartado los casos o situaciones para las que los centros escolares deberán reservar plazas, incluyendo entre esos casos la vulnerabilidad socioeducativa.

La nueva redacción enumera las siguientes situaciones de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): las producidas por retraso madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos de atención o de aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar.

La reserva de plazas se comenzará a aplicar a partir del próximo curso 2023-2024 en el nivel de entrada de Educación Infantil (aulas de 2 años), con niños y niñas que llegan por primera vez al sistema educativo. En esta reserva también se incluirá al alumnado diagnosticado con alguna necesidad educativa especial.

Bildarratz ha explicado que la reserva de plazas de los centros de cada área de influencia se determinará en función del Índice de Vulnerabilidad de la misma. Este Índice de Vulnerabilidad lo elaborará el ISEI-IVEI (Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa), que para ello trabaja en colaboración con un equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Para ello, las personas solicitantes deberán cumplimentar durante la presentación de solicitudes (para aula de 2 años) un cuestionario que permitirá evaluar su situación socioeducativa y determinar si se encuentra en una posible situación de vulnerabilidad.

El consejero ha apuntado que el objetivo es que todos los centros de un área de influencia se acerquen al índice de vulnerabilidad correspondiente a su área, a lo largo de tres cursos, mediante una mayor o menor reserva de plazas. «A ningún centro se le pedirá un esfuerzo mayor a 10 puntos en cada curso», ha precisado.

La oferta de plazas escolares, en centros públicos y en concertados, se ajustará a las necesidades reales de escolarización, evitando tanto la sobreoferta como la infraoferta. Para ello, el Departamento de Educación determinará el número de plazas escolares en cada centro.

Asimismo, durante el plazo de solicitudes, las familias podrán indicar cuantos centros deseen, en orden de preferencia y sin límite, ya que hasta ahora podían marcar hasta un máximo de 12 centros durante el proceso de admisión.

También se posibilita que niños y niñas con prematuridad extrema o gran prematuridad, nacidos en el último cuatrimestre del año natural y que accedan por primera vez a alguno de los cursos de Educación Infantil, soliciten la admisión en un curso inferior al que le corresponda por edad. En este caso, padres y madres deberán presentar el preceptivo informe médico.

Se consideran casos de prematuridad extrema los de aquellos niños y niñas que han nacido antes de la semana 28 de la edad gestacional, mientras que son de gran prematuridad los nacidos antes de la semana 32.

A la composición de las Comisiones de Garantías de Admisión (una por territorio) se suma ahora la representación del alumnado, con excepción del alumnado de Infantil y Primaria. Estas comisiones están formadas por representantes de la Administración educativa, de la Administración local, de los centros, del profesorado y de los padres y madres (además de, ahora, el alumnado).

Criterios de baremo

El nuevo texto del Decreto recoge, asimismo, muchas de las modificaciones y nuevos criterios que se introdujeron en el baremo ya en la Orden de Admisión para este curso 2022-2023, publicada en enero de 2022.

La puntuación máxima para el baremo se puede obtener en el caso de que el centro solicitado sea el centro (público o concertado) más cercano al domicilio del alumno, con 7 puntos. Cualquier otro centro en el área de influencia en el que se encuentre el domicilio -pero no el más cercano- obtendrá 5 puntos.

Se introduce un nuevo criterio en el baremo, que suma 0,5 puntos, por traslado de la unidad familiar debido a movilidad forzosa, discapacidad sobrevenida en el último año de cualquiera de los miembros de la familia o cambio de residencia derivado de actos de violencia de género o terrorismo.

Tras la proximidad al domicilio, el criterio que más puntuación otorga es el de la existencia de uno o más hermanos matriculados en el centro solicitado (o en uno adscrito a él): 6,5 puntos.

Siguen en el baremo, entre otros, los puntos otorgados por la renta anual de la unidad familiar (hasta 3 puntos); por discapacidad (hasta 2 puntos); familia numerosa (máximo 1,5); pertenencia a familia monoparental (1 punto); acogimiento familiar del alumno (1 punto); nacimiento en parto múltiple (hasta 1,5 puntos); expediente académico en ESO para el acceso a Bachillerato (máximo 1 punto); condición de víctima del terrorismo (1 punto); o condición de víctima de violencia de género (1 punto).