Pérez-Sauquillo recurrirá al TC para evitar su ingreso en prisión por Invercaria y pedirá un indulto parcial

En una entrevista en El País, recogida por Europa Press, Pérez-Sauquillo aborda la situación que afronta como consecuencia de las diferentes piezas separadas en la que se divide la macro causa correspondiente a la gestión de la empresa de capital de riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

Sobre Pérez-Sauquillo, recordémoslo, pesa la citada condena a tres años y medio de cárcel por el préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis, ya confirmada por el Supremo; además de otras condenas a dos años y tres meses de prisión por los gastos de personal de la entidad que presidía; a tres años de cárcel por el préstamo participativo de 300.000 euros concedido a la empresa jiennense Fumapa y a la misma pena por las ayudas por 1,5 millones de euros concedidas por Invercaria a la sociedad Cedes Electria.

Actualmente, la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla celebra el juicio correspondiente a los préstamos por importe de 716.000 euros concedidos por Invercaria a la entidad Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), un proceso en el que Pérez-Sauquillo figura también como acusado.

Ante la sentencia del Supremo que ratifica la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que le condena a tres años y medio de prisión por el préstamo de 100.000 euros a Aceitunas Tatis, Pérez-Sauquillo ha anunciado que prevé un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al atisbar «contradicciones» y una «falta de tutela judicial efectiva», con la petición paralela de suspender la ejecución de la condena durante la tramitación de dicho recurso.

Además, ha anunciado que solicitará al Ministerio de Justicia un indulto parcial, avisando de que «si se concedieran indultos en los ERE y no en Invercaria, el trato de favor sería descarado, sería de broma», en alusión a a los indultos parciales pedidos por el expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y el resto de ex altos cargos de la Administración andaluza condenados por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla a penas de cárcel por el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas directas y arbitrarias a empresas.