En esta competición participarán cuatro municipios andaluces por cuanto Jerez de la Frontera (Cádiz) se ha acabado sumando a esta competición por acoger alguna de las dos sedes, de la que ya eran partícipes Huelva y Sevilla para la Agencia Espacial, así como Granada para la Agencia de la Inteligencia Artificial.
La admisión a trámite de estas candidaturas queda condicionada a que la Comisión consultiva verifique que reúnen los requisitos establecidos al efecto, según ha señalado el Gobierno por medio de una nota.
El Ministerio de Política Territorial considera que el procedimiento para determinar las sedes de las nuevas agencias estatales públicas «ha sido un éxito y ha tenido gran acogida», al recibirse un total de 35 candidaturas para las dos agencias procedentes de 14 comunidades autónomas.
En el caso de la Agencia Espacial Española, Huelva, Jerez de la Frontera y Sevilla compiten con otras 18 candidaturas: Cabanillas del Campo (Guadalajara), Cebreros (Ávila), Ciudad Real (Ciudad Real), Elche (Alicante/Alacant), Estella-Lizarra (Navarra), L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Las Palmas de Gran Canaria/Agüimes/San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), León (León), Ourense (Ourense), Palencia (Palencia), Puerto del Rosario (Las Palmas), Puertollano (Ciudad Real), San Javier (Murcia), Isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), Teruel (Teruel), Tres Cantos (Madrid), Vitoria (Araba/Álava) y Yebes (Guadalajara).
La Agencia Espacial Española, con un componente dedicado a la Seguridad Nacional, permitirá coordinar las actividades y políticas nacionales sobre el espacio, así como la participación de España en programas internacionales en este ámbito.
El sector espacial proporciona servicios imprescindibles en el ámbito de las comunicaciones, la observación de la Tierra, la navegación, la seguridad, la lucha contra el cambio climático o la monitorización de fenómenos como la sequía o los incendios.
Estos servicios y aplicaciones son de vital importancia para la doble transición digital y verde, objetivos estratégicos de la UE.
El espacio es una herramienta imprescindible para el avance de la ciencia y la exploración, respondiendo a preguntas básicas de la humanidad y proporcionando un impulso a la innovación.
Con la puesta en marcha de la Agencia, que aparece reconocida en la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 y se incluye en el PERTE Aeroespacial, España se iguala a países de nuestro entorno que cuentan con figuras y organismos similares.
Agencia española de inteligencia artificial
En el caso de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, Jerez de la Frontera y Granada concurrirán junto con A Coruña (A Coruña), Alicante (Alicante/Alacant), Barcelona (Barcelona), Gijón (Asturias), Guadalajara (Guadalajara), Leganés (Madrid), Ourense (Ourense), Palma (Illes Balears), Salamanca (Salamanca), Isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), Segovia (Segovia) y Zaragoza (Zaragoza).
La Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial gozará de autonomía, independencia, patrimonio propio y potestades administrativas y será clave para asegurar el cumplimiento de la regulación europea en materia de Inteligencia Artificial (IA), según ha señalado el Gobierno.
La Agencia tiene como principal misión minimizar los riesgos que puede traer la IA en campos como la seguridad, la intimidad y la salud de las personas, así como sobre los demás derechos fundamentales.
España se convertirá en el primer país de la UE con una Agencia Estatal de supervisión de la Inteligencia Artificial (IA), anteponiéndose a la entrada en vigor del futuro Reglamento europeo de IA, que establece la necesidad de que los Estados miembros cuenten con una autoridad supervisora en esta materia.
La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial se enmarca en la Agenda España Digital 2026, en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, ambas impulsadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de su Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, así como en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Comisión consultiva
La Comisión consultiva para la determinación de las sedes de los nuevos organismos públicos se adscribe al Ministerio de Política Territorial y es el órgano que asiste al Consejo de Ministros en el proceso de elección. La admisión a trámite de las candidaturas se condiciona a que la Comisión consultiva verifique que reúnen los requisitos establecidos al efecto.
En el caso de que, además de las ya indicadas, se haya remitido alguna candidatura al margen de la sede electrónica del Ministerio, se comunicará en los próximos días.
La Comisión la preside la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y forman parte de la misma representantes de los ministerios de Política Territorial; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social; Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Hacienda y Función Pública; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; y Derechos Sociales y Agenda 2030, junto a representantes de los ministerios a los que se adscriben los nuevos organismos públicos.
Finalizado el plazo de presentación de candidaturas este lunes, 7 de noviembre, la Comisión consultiva solicitará informe, que deberá emitirse en el plazo de 10 días, a los Ministerios de adscripción.
Concluido el plazo para la emisión de los informes, la Comisión elaborará un dictamen que analizará las posibles sedes para la entidad afectada, dictamen que podrá tomar en consideración localidades que no hubieran sido postuladas pero que cumplan los criterios establecidos por la Comisión.
El dictamen se remitirá para su conocimiento a la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico y se elevará al Consejo de Ministros que, tras valorarlo, adoptará su decisión.
El Gobierno ha defendido que está acreditado el papel beneficioso de la desconcentración que ejercen las instituciones públicas en el entorno físico de su ubicación, así como la creación de empleos directos e indirectos.
A juicio del Gobierno, la desconcentración de organismos públicos, fortalecerá la igualdad de oportunidades al facilitar que la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia, pueda relacionarse o incluso trabajar directamente en unidades de las instituciones públicas estatales. El principio de desconcentración se recoge asimismo en el artículo 54.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
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