El presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), José Ángel Oliván, y el presidente de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza, José Manuel Arnal, han coincidido en solicitar al Gobierno de la ciudad, PP-Ciudadanos, que retire a la empresa Avanza la concesión del servicio público del transporte urbano de autobús al ser «incapaz» de solucionar el conflicto laboral con los trabajadores, que desde enero de 2021 realizan paros parciales.
Ambos han pedido que se incoe un expediente administrativo de resolución del contrato para retirar el contrato a Avanza y que «deje de gestionar este servicio, porque ha demostrado que es incapaz de hacerlo y, además no lleva visos de resolverse», ha observado.
A su parecer sería la única posición «coherente y responsable», ha opinado Oliván, quien, junto a Arnal, ha considerado que ha llegado el momento de que el Ayuntamiento «ejerza las potestad que le exige la Ley de contratos del sector público».
Dicha ley, en el apartado 2 del artículo 192 reza: «cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento prescriptivo».
La apertura de expediente administrativo de resolución de la concesión, han subrayado Oliván y Arnal, no supondría la ausencia de prestación del servicio y los usuarios no se quedarían sin este transporte publico mientras se resuelve el expediente, ya que «hay múltiples posibilidades».
Ninguno de los dos ha querido pronunciarse por esas posibles opciones, ni por la opción que se tome en caso de que la apertura del expediente administrativo prosperase, ya que es competencia del equipo de gobierno, han reiterado. «Hay miles de soluciones y no nos corresponde darlas», ha zanjado Oliván.
Reuniones pendientes
En declaraciones a los medios de comunicación, tanto Oliván como Arnal han dicho exponer la posición de los usuarios y sin entrar a analizar si es la empresa o los trabajadores el que tiene la razón, sino que «Avanza tiene la obligación de prestar un servicio a los ciudadanos que no se presta tras 631 días en los que esta empresa ha sido incapaz de resolver un conflicto laboral». Ha recordado que la justicia europea ha dicho que los conflictos laborales «no son causa de fuerza mayor que justifique la no responsabilidad de sus cumplimientos».
Asimismo, Oliván ha estimado que la solución no pasa por poner más dinero, ya que supondría que el alcalde esté en la mesa de negociación y lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es «defender los intereses de los ciudadanos y el derecho a gozar de transporte público, como dice el contrato, y eso no ha pasado».
Ha argumentado que presentan esta petición a los grupos municipales de que promuevan los trámites para incoar un expediente de resolución el contrato ante el recrudecimiento de los paros parciales, que desde este lunes y hasta el 8 de enero pasan a ser de 6 horas diarias en tres franjas.
Oliván ha comparado esta situación con la de una empresa de mantenimiento del ascensor de una comunidad que tras asegurar su intención de arreglar el elevador no lo acomete y al final la comunidad opta por disolver el acuerdo por incumplimiento.
Ha abundado en los «más de 600 días de incumplimiento de sus obligaciones» por parte de Avanza y también ha estimado que hasta ahora el Ayuntamiento «solo ha mareado la perdiz», al tiempo que ha señalado que los ciudadanos «hasta nos hemos acostumbrado a que el transporte sea así de malo».
UCAragón y la FABZ se han reunido con varios grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, están pendientes de citarse con otros, como VOX, y también han solicitado reuniones a la consejera municipal de Movilidad y Servicios Públicos, Natalia Chueca.
"insostenible"
El presidente de la FABZ, José Manuel Arnal, ha calificado de «insostenible» esta situación y ha añadido que el calendario de paros coincide con la movilidad «máxima» de los ciudadanos. «Creo que el Ayuntamiento de Zaragoza quiere dejar pudrir el conflicto sin tomar decisiones serias y tras el fiasco de las negociaciones nadie ha dimitido».
Tras aseverar que se tiene que solucionar, ha agregado que como presidente de la FABZ comparte el criterio de la UCA de «rescindir la concesión de una vez porque estamos a las puertas del invierno y la ciudad no puede estar pendiente de a ver qué autobús va pasar y si llega o no».
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