La sección de personas con discapacidad y mayores de la Fiscalía Provincial de Alicante aboga por aumentar la capacidad inspectora en las residencias y por revisar al alza los ratios de personal de atención directa con el objetivo de mejorar la calidad asistencial.
Esta es una de las propuestas que recoge la Memoria de la Fiscalía de la Comunitat de 2021, consultadas por Europa Press, en relación con el ámbito civil en la Fiscalía de Alicante.
En concreto, la fiscal coordinadora de la sección expone que las residencias en las que se atiende a personas mayores o con discapacidad son «cada vez más necesarias» dada la evolución de la edad poblacional.
Así, aboga por aumentar el número de plazas y revisar al alza los ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial. En este punto considera «muy importante» que las comunidades autónomas mejoren y aumenten su capacidad inspectora y que se incremente la atención sanitaria y la formación del personal que atiende a los mayores.
Con este objetivo, la coordinadora considera «muy recomendable» una reforma, a través de ley orgánica, que establezca un procedimiento específico para los ingresos residenciales, su seguimiento y control, y para el control también de las posibles sujeciones que puedan realizarse.
Patria potestad
Por su parte, en Valencia, la decana autonómica de la sección Civil y Personas con Discapacidad, Ana Lanuza, propone, en relación con la patria potestad, reformar la competencia en el sentido de que, en los supuestos en los que ninguno de los progenitores ni los menores residan en el partido judicial del juzgado que dictó medidas, no correspondiera la competencia a dicho juzgado, sino al del domicilio de los menores o del demandado.
La decana justifica esta petición en que se están dando supuestos de demandas relativas a menores y progenitores que, en la actualidad, no residen en el partido judicial del juzgado que dictó las medidas, sino en poblaciones muy alejadas de dicho partido, comprobándose la dificultad material y económica de acceso a la justicia.
«Si bien la competencia del juzgado que adoptó las iniciales medidas sería lo deseable, si al menos alguno de los progenitores o menores residiera en el partido judicial, cabría plantearse si efectivamente beneficia al interés de los menores y la mayor accesibilidad a la justicia la atribución de la competencia a un juzgado correspondiente a una población en que no resida ninguno de los afectados», ha manifestado.
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