Compromís insta al Gobierno a mantener la ordenación de juzgados de violencia de género: "La reordenación es un error"

En esta línea, la diputada Mònica Àlvaro ha indicado que el Ministerio de Justicia del Gobierno central, mediante el 'Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre, de creación de setenta unidades judiciales correspondientes a la programación de 2022 y adecuación de la planta judicial' ha presentado una reordenación de la planta judicial de todo el Estado, ha informado la formación política en un comunicado.

Esta reordenación «afecta notablemente a varias comarcas la Comunitat Valenciana», ha manifestado Àlvaro, y ha detallado que en Valencia propone una concentración de los 11 juzgados contra la violencia de género a cinco, por lo que la presencia de este tribunal desaparecería en localidades como Xàtiva, Quart de Poblet, Carlet, Moncada, Catarroja y Picassent.

Asimismo, la propuesta impacta sobre Benidorm, Alicante y Elche, lo que, ha denunciado Àlvaro, «no solo afecta a las personas que viven en estas localidades, sino también a los municipios del alrededor que dependen de estos juzgados».

«Es una reorganización que busca combatir la sobrecarga de los juzgados pero que tiene como consecuencia alejar a las víctimas del recurso judicial, todo esto dificulta unas situaciones que ya son muy complicadas para las víctimas, las mujeres y sus hijos», ha remarcado.

"necesidad de más juzgados especializados"

Desde Compromís han destacado que esta reorganización «va en dirección contraria de aquello especificado en el informe de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana de 2022, donde se señala la necesidad de más juzgados penales especializados en violencia de género para facilitar la especialización de los jueces penales».

Igualmente, han resaltado que este mismo valora positivamente las unidades forenses de valoración integral de violencia sobre la mujer (UFVI), al señalar que el hecho de haber comarcalizado cuatro de estas unidades fuera de la capital tiene como consecuencia una reducción de los tiempos de trabajo de los juzgados.

Para Àlvaro, «todas las evidencias constatan que lo que quiere acometer el Ministerio es un error». «Acercar los servicios judiciales relativos a la violencia de género mejora la eficacia de los mismos, así como la atención de las víctimas, lo que resulta fundamental para garantizar que se lleve a cabo el procedimiento judicial de la mejor manera posible para las víctimas», ha apuntado.