Las diputadas republicanas Maria Jesús Viña e Irene Aragonès en rueda de prensa en la Cámara catalana | Europa Press

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El grupo de ERC en el Parlament ha presentado este martes a la Mesa una petición de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre una proposición de ley que el PSC había pedido tramitar por lectura única en el pleno de esta semana para modificar el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y que se debe destinar al Fondo de Transición Nuclear.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, las diputadas republicanas Maria Jesús Viña e Irene Aragonès han explicado que de esta manera «paran durante unos días la tramitación» de esta proposición y por lo tanto hacen que decaiga del orden del día del pleno la votación para tramitarla por lectura única.

Han reclamado a los socialistas recapacitar y rectificar esta iniciativa, ya que consideran que consideran que el PSC quiere convertir el fondo en una «repartidora», y han acusado a los socialistas de no pensar en las 3.000 familias que se verán afectadas del cierre de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós (Tarragona).

Las diputadas republicanas han criticado que esta iniciativa se ha hecho «corriendo, mal y en solitario», aseguran que hay un problema competencial en la propuesta de los socialistas y consideran que ataca al sistema de financiación de Catalunya, ya que amplía el área de impacto de los fondos e incluye a cuatro municipios de Aragón.

Aragonès ha explicado que están de acuerdo con aumentar un 50% el impuesto, pero no en que se amplíe el área de afectación de 20 a 30 kilómetros y que no se contemple que salgan beneficiados los municipios por núcleos de población, sino por término municipal, lo que permitiría que se beneficiasen otras localidades más alejadas de las centrales nucleares.

«El PSC quiere cambiar las normas del juego desde los despachos», ha criticado la diputada Aragonès, que ha sostenido que este fondo tiene por objetivo la transformación del territorio y garantizar la prosperidad de las poblaciones que se verán afectadas por el cierre de las centrales, previsto para dentro de diez años.

Ambas diputadas se han preguntado qué busca el PSC con este iniciativa: «¿Cargarse el reglamento que se ha pactado con consenso amplio de las poblaciones afectadas?», y han subrayado que hay una invasión competencial clara, ya que la iniciativa contempla que deje de ser la Generalitat quien decida a qué se destinan estos fondos.

Sobre la acusación del PSC a ERC de hacer filibusterismo parlamentario, las diputadas republicanas han respondido que «no se trata de hacer partidismo», sino que están intentando defender estos fondos y defender que la gente afectada pueda beneficiarse de los mismos.