Luz verde en el Parlamento al decreto para destinar 36,8 millones a ayudas a sectores afectados por la guerra en Ucrania

Se trata, en concreto, del Decreto-ley 10/2022, de 16 de noviembre, por el que se regulan ayudas temporales excepcionales en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) a agricultores y ganaderos en respuesta a las especiales repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y por el que se modifica la Orden de 2 de julio de 2019, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a explotaciones ganaderas afectadas por la sequía.

Se estima que estas subvenciones de la conocida como 'Medida 22', tramitadas a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, según ha detallado este miércoles ante el Pleno del Parlamento la consejera del ramo, Carmen Crespo, quien ha solicitado el apoyo de los diputados a esta línea que ofrece «posibilidades para el futuro» al «apoyar la liquidez de al sector agrario con 36,8 millones de euros».

«Nuestro objetivo es proporcionar una asistencia de emergencia a los agricultores y ganaderos especialmente afectados por la invasión de Ucrania», ha aseverado la consejera, que ha resaltado que, sumando la 'Medida 21' y la 'Medida 22', Andalucía se convierte «en la comunidad autónoma que más ayudas destina para la liquidez de este sector con 80 millones de euros» para paliar el impacto de la Covid-19 y de la guerra de Ucrania en el campo de la comunidad.

A este montante se suman además, según ha apuntado la consejera, las ayudas de mínimis para los ganaderos afectados por la sequía --cinco millones de euros--, que se incluyen también «en la flexibilidad de este decreto-ley» y que posicionan a la región como «pionera» en este tipo de subvenciones; y la línea para la adquisición de abrevaderos, cubas, depósitos de agua para el ganadero y las necesarias conducciones --dos millones de euros-- puesta en marcha por la Consejería «para los ganaderos que están encontrando dificultades en su producción a causa de la sequía».

Respecto a la 'Medida 22', Crespo ha apuntado que se trata de una medida consensuada entre el Gobierno andaluz y el sector agrario que, según las estimaciones iniciales, se podrá repartir entre más de 16.260 explotaciones agrarias de la comunidad autónoma.

La consejera ha detallado que entre los sectores que se contemplan como beneficiarios se encuentra los cítricos, al que se prevé destinar 17,6 millones de euros; el vitivinícola, que podría recibir 1,8 millones de euros en subvenciones; y el de la flor cortada, que se estima que recibirá alrededor de 2,2 millones.

Además, se prevé respaldar a los profesionales del caprino de leche con 6,5 millones de euros; a los productores de pavo de engorde con 3,8 millones de euros; y a los de porcino y gallina de puesta, con 3,8 millones y cerca de 800.000 euros, respectivamente.

En su intervención en el Parlamento, Carmen Crespo ha remarcado que la Junta asumió el «liderazgo» en la solicitud del cambio normativo que permitió activar la 'Medida 21' del Programa de Desarrollo Rural (PDR) para que todos los Estados miembros pudieran respaldar a los sectores más afectados por la Covid-19. En el caso de Andalucía, las ayudas ascendieron a 44 millones de euros y se beneficiaron más de 11.140 agricultores y ganaderos y casi 500 empresas agroalimentarias, según ha puesto de relieve.

Agilización para dar liquidez

La consejera ha recalcado también en su intervención que la Junta, «sensible con la situación de nuestros agricultores y ganaderos, ha querido traer lo antes posible» al Parlamento este decreto-ley con el objetivo de «adecuar en el día de hoy estas ayudas y poder ponerlas en mano de los productores antes del tiempo marcado como máximo».

«Acortar los plazos es fundamental dentro de este decreto-ley», ha recalcado Carmen Crespo, comentando la «apuesta» del Gobierno andaluz por la simplificación de los trámites en la 'Medida 22' y las ayudas de mínimis.

Entre otras facilidades, Crespo se ha referido, por un lado, a que los interesados «solo tendrán que presentar solicitudes de ayudas que podrán tramitar de forma telemática a través de las entidades habilitadas» y, por otro lado, a la exención de determinadas obligaciones por parte de los profesionales que deseen acogerse a estas líneas.

La responsable andaluza de Agricultura ha afirmado que, con este decreto-ley, se ofrece «liquidez, ayudas y posibilidades en unos momentos difíciles», y ha adelantado que, además de las iniciativas puesta ya en marcha, su departamento «está trabajando en la 'Medida 23' de la sequía».

Crespo ha afirmado que ante los elevados costes de producción, «no hay otra fórmula que la bajada de impuestos», y ha hecho hincapié en la necesidad de activar «la doble tarifa eléctrica para el regante aprobada por ley desde el año 2018 y una bajada del IVA». Al hilo de esta cuestión, ha resaltado la posibilidad de establecer un «IVA superreducido de los insumos que permita al agricultor y al ganadero tener menos dificultades en relación a los costes de producción».

En cuanto a la actuación de la Junta, Carmen Crespo ha anunciado que el Gobierno autonómico está preparando el informe para solicitar «la reducción de módulos del IRPF que presentaremos a primeros de año y que es fundamental en un año tan dificultoso como este». «Ayudemos a nuestros agricultores y ganaderos con todas las medidas a nuestro alcance», ha solicitado la consejera.

A modo de cierre, ha afirmado que ahora «es el momento de inyectar liquidez, no de la burocracia ni de la tardanza», y ha apostado por alcanzar un acuerdo para apoyar a «un sector básico» con «todas las medidas que necesita» en un «complejo» contexto socio-económico actual marcado por los altos costes a los que están haciendo frente los productores del campo.