Representantes municipales, abogacía y sociedad civil, también de otros municipios de la comarca, se han unido en la manifestación, que ha contado con el apoyo del ICAV, para mostrar su «profundo malestar y gran preocupación» por la situación que provoca la aprobación del Real Decreto de creación de nuevas unidades judiciales, que han alertado que produce un «cambio sustancial» que afecta al partido judicial de Xàtiva, que «pierde las competencias a favor de un juzgado exclusivo de violencia sobre la mujer que la norma crea ahora en Alzira».
La concejala de Mujer e Igualdad de Xàtiva, Lena Baraza, en calidad de presidenta del Consell de les Dones, ha sido la encargada de la lectura del manifiesto institucional por el 25-N. «Desgraciadamente, continúa siendo necesario que toda la ciudadanía salga a la calle, porque siguen asesinándonos», ha remarcado.
Así, ha hecho hincapié en que esta violencia «no es un fenómeno fortuito» puesto que «forma parte de un sistema patriarcal con valores masculinos hegemónicos», en el que «algunos hombres creen que las mujeres no son iguales en derechos que ellos, simplemente, por el hecho de haber nacido mujer». «Hoy recordamos tanto a los asesinos, responsables directos de sus muertes, como quienes pretende justificar la violencia sobre las mujeres, despreciarla o incluso negarla», ha indicado.
En este sentido, ha recalcado que la violencia «sí tiene género» y «lo demuestran no solo los datos de las asesinadas, sino también las manadas, las agresiones sexuales, la inseguridad de todas las mujeres cuando salimos a la calle, las sumisiones químicas, la violencia vicaria y, en definitiva, todo aquello que apuntala el machismo y que sufrimos las mujeres». Por ello, ha reivindicado «apostar por más feminismo, por la igualdad en derechos humanos y por la justicia por la mitad de la población en la que se vulneran estos derechos».
En este punto, ha lamentado la aprobación del Real Decreto 954/2022 de 15 de noviembre de creación de nuevas unidades judiciales, con el que se reorganizan los juzgados de Xàtiva, que «ya no tendrán competencia en los casos de violencia machista, y se crea un juzgado exclusivo de violencia sobre la mujer en el partido judicial de Alzira».
Una situación que, «en la práctica, dificulta el desplazamiento de las víctimas y de las personas que las representan legalmente». Además, ha calificado de «incomprensible e inasumible» esta decisión, puesto que «se aparta de nuestros juzgados el principal servicio y recurso de protección a las mujeres, como es el derecho a una justicia digna y próxima».
Por todo ello, el Consell de les Dones ha exigido de forma urgente un juzgado especializado en violencia de género en Xàtiva, «el cese de la violencia machista contra las mujeres», la puesta en marcha de políticas «realistas, contundentes y valientes contra la violencia que sufrimos las mujeres», la dotación de las administraciones para «combatir esta lacra que es la violencia machista», así como «la implicación de todos los y las agentes políticos y sociales en los ámbitos de la educación, la sanidad, la cultura, para hacer del feminismo una cuestión transversal que impregne a la sociedad».
"erradicar esta lacra"
Desde la Abogacía de Xàtiva, Claudia Suárez, en representación de las profesionales del partido judicial de la localidad, se ha sumado a la reivindicación para «erradicar la lacra» de la violencia machista y «no consentir que dure por más tiempo en nuestra sociedad». Suárez ha denunciado también el cierre del juzgado de violencia sobre la mujer de Xàtiva, que, ha alertado, «contribuyen a un abandono de las víctimas de violencia de género y a una victimización secundaria de la mujer maltratada». «Eso no lo podemos consentir, por lo que vamos a hacer todo lo posible para que esto no suceda», ha garantizado.
La abogada ha subrayado que las consecuencias de este cierre «son muy fáciles de entender», puesto que «una víctima de violencia, tras armarse de valor y decidir denunciar a su pareja, va a tener que venir a Xàtiva a interponer una denuncia. Al día siguiente tendrá que subirse a un taxi sola y hacer más de 70 kilómetros para ir a Alzira a declarar».
Una situación que ha considerado que es una «auténtica barbaridad», al tiempo que ha avisado de que, con ello, «están alejando la justicia de la víctima, cuando debería ser todo lo contrario, cercanía e inmediatez para ayudar a la mujer». «Las leyes promulgadas hasta la fecha buscan la proximidad, la proximidad a la víctima y con el nuevo Real Decreto se trata a la mujer como un número y no como una víctima», ha señalado.
«Por eso estamos hoy aquí. Para decirle a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y al Ministerio de Justicia que se han equivocado de forma muy grave, que debieron consultar con los ayuntamientos, jueces, fiscales, abogados y, por supuesto, con los colectivos de mujeres maltratadas. Así no se hacen las cosas», ha expresado.
Seguidamente, ha enviado un mensaje de tranquilidad a las mujeres víctimas de violencia de género: «Deben saber que estamos aquí, a su lado, que cuentan con abogadas y abogados comprometidos y formados y especializados para obtener la mejor respuesta judicial por parte de los Juzgados y Tribunales de Xàtiva». Por último, ha garantizado que desde su ámbito no van a permitir que este decreto «victimice a las mujeres doblemente, convirtiéndolas en víctimas de paseíllo».
"alzar la voz"
También ha intervenido la decana del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Auxiliadora Borja, que ha recalcado que la abogacía «está presente aquí y ahora para alzar la voz por los ciudadanos y las ciudadanas, porque el derecho de defensa es un derecho fundamental de la ciudadanía, y tenemos el deber de velar porque las personas tengan la defensa que merecen».
Borja ha asegurado que, con el Real Decreto de adecuación de la planta judicial, el Ministerio de Justicia «ha demostrado no tener, en este caso, la sensibilidad necesaria para tratar el problema de la violencia de género». Y, aunque ha indicado que la creación de nuevos juzgados de violencia de género «sí es el camino, y de hecho en eso estamos de acuerdo», ha subrayado que «lo que no es el camino es quitar las competencias en materia de violencia de género a demarcaciones que siempre las han tenido, como Xàtiva, obligando a recorrer más de 160 kilómetros para llegar a los juzgados».
Más todavía cuando, ha incidido, este desplazamiento lo deben realizar «personas muy vulnerables que supuestamente deberían ser las más protegidas y para las que este cambio acaba siendo sin duda una medida disuasoria». «El tiempo es oro, pero en este caso puede significar muchas cosas más», ha agregado.
Frente a esta situación, ha garantizado que la abogacía «no va a quedarse muda frente a este atropello» y ha recalcado que antes de la publicación en el BOE de esta norma ya advirtieron a la Administración de «las consecuencias nefastas que podía conllevar no haber contado con nosotros para su desarrollo». «Ahora vamos a ir con todo, como siempre hacemos para defender los derechos de la ciudadanía», ha declarado.
Finalmente, ha indicado que han solicitado a la Conselleria «la reversión de esta situación» y ha asegurado que, «por supuesto», van a recurrir el decreto porque los abogados y abogadas «somos parte perjudicada y tenemos todo nuestro derecho, para defender el derecho de defensa, un derecho fundamental de la ciudadanía».
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