Andalucía registró más de 1.700 ocupaciones ilegales de inmuebles de enero a agosto, un 4% menos que en 2021

Son datos que se extraen de una respuesta escrita del Gobierno a un par de preguntas formuladas por diputados del PP sobre ocupaciones ilegales de inmuebles conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, recogida por Europa Press.

En concreto, una quincena de diputados del PP registró dos preguntas relativas a esta cuestión, una reclamando al Gobierno «el número de viviendas ocupadas de manera ilegal», y otra para conocer «el número de viviendas desalojadas por ocupación ilegal mediante orden judicial y actuación policial», en ambos casos con datos desglosados «por provincias y por anualidades desde el año 2014 hasta la actualidad».

De acuerdo a los datos proporcionados por el Gobierno, las ocupaciones ilegales de inmuebles en las ocho provincias andaluzas ascendieron a un total de 1.706 durante los primeros ocho meses de 2022 --el periodo del que la respuesta ofrece cifras más actualizadas--, cantidad que es un 4,37 por ciento inferior a la registrada en el mismo periodo de 2021, que ascendió a 1.784.

En todo el pasado año 2021, las ocupaciones ilegales de inmuebles contabilizadas por el Gobierno se cifraron en 2.557 en el conjunto de Andalucía, una cantidad superior a las 2.381 registradas en el año 2020, que, en cambio, supusieron un seis por ciento menos en relación a las 2.535 contabilizadas a lo largo de 2019, cuando se superaron las alcanzadas en 2018, año en el que se conocieron un total de 2.372.

Por provincias, Sevilla, con 551; Málaga, con 301, y Cádiz, con 266, fueron las andaluzas que registraron un mayor número de hechos conocidos de ocupación ilegal de inmuebles en el periodo comprendido de enero a agosto de este año, al igual que sucedió en el mismo periodo de 2021, cuando contabilizaron un 6,1% más, un 7,3% menos y un 4,6% menos de ocupaciones, respectivamente.

En términos absolutos, por detrás de estas tres provincias andaluzas se situaron, en número de «hechos conocidos» de ocupación ilegal de inmuebles contabilizados por el Gobierno en los primeros ocho meses de 2022, Almería, con 203; Córdoba, con 116; Huelva, con 108; Granada, con 107, y Jaén, con 54.

Allanamientos de morada y usurpaciones de inmuebles

En su respuesta, el Gobierno precisa que «bajo el término 'ocupación de inmuebles' se están incluyendo diferentes tipos de delitos del Código Penal», de forma que, «por un lado, se incluye el allanamiento de morada (artículo 202) y, por otro lado, la usurpación de inmuebles (artículo 245), sea con violencia o no, y sean residenciales o no».

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), según continúa la respuesta del Ejecutivo, «actúan conforme al ordenamiento jurídico vigente, de forma urgente y perentoria en el caso de allanamiento de morada, desalojando las viviendas de inmediato, siempre que se tenga permiso del morador y este haya presentado una denuncia».

De igual modo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «también actúan en el caso de las usurpaciones de inmuebles, residenciales o no, pero que no son morada», si bien en estos casos su proceder «está sujeto a una orden judicial de desalojo previa, además de la intención manifiesta del propietario de recuperar su propiedad, salvo que puedan intervenir en el momento en el que se está cometiendo el delito y sea con violencia o intimidación, en cuyo caso las FCSE sí pueden desalojar los casos de usurpación en el momento».

Finalmente, la respuesta del Gobierno aclara que el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior «no dispone de variables estadísticas que puedan ofrecer respuesta específica» a lo requerido por los diputados del PP respecto al número de viviendas desalojadas por ocupación ilegal mediante orden judicial y actuación policial.