Se trata de unas subvenciones que hacen un llamamiento al sector del comercio para que «apueste por nuevas inversiones» en digitalización, modernización tecnológica, seguimiento de clientes o control de la cadena de valor de su establecimiento, ha expuesto este lunes en rueda de prensa el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Ejecutivo aragonés, Arturo Aliaga.
El consejero ha recordado que estas ayudas son «uno de los ejes, junto a los recursos propios de apoyo al pequeño comercio, al que se unirán ayudas para ahorro y eficiencia energética para el sector terciario».
Las bases de esta convocatoria han sido publicada este viernes, 25 de noviembre, en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Los interesados cuentan con un plazo de diez días para solicitarla desde su publicación y la tramitación debe hacerse de manera telemática.
El plazo tan ajustado de solicitud, según ha explicado Aliaga, se debe a que los fondos se deben ejecutar antes del 31 de diciembre de 2022. Ha detallado que en el próximo año se publicará una segunda fase, y si se produjeran remanentes en la convocatoria actual, estos podrán incorporarse a la de 2023, mediante una ampliación de crédito.
Con el objetivo de solventar el plazo tan reducido de solicitud de las ayudas, la directora general de Comercio, Ferias, y Artesanía, Eva Fortea, ha recalcado que desde hace meses están en contacto con el sector y les han desgranado con anterioridad las características de la mismas. Ha sido una convocatoria de carácter participativo, ya que, según ha manifestado Fortea, han recogido «las aportaciones, sugerencias y necesidades del sector».
Empresas y asociaciones
La directora general de Comercio, Ferias, y Artesanía, ha indicado que esta primera fase cuenta con una dotación de 1.483.586,96 euros. Estas subvenciones van destinadas a pequeñas y medianas empresas, que contarán con 890.000 euros, y a asociaciones sin ánimo de lucro del sector comercial aragonés, que tendrán una partida de 593.000 euros.
En el primer caso será subvencionable el 80 por ciento del gasto, mientras que en el caso de las asociaciones será del 100 por ciento. El importe mínimo subvencionable será de 2.000 euros, mientras que el máximo será de 80.000 euros en ambos casos y comprenderá los gastos realizados desde el 1 de enero de 2022 hasta el 22 de marzo de 2023, ha desgranado Forta.
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) comerciales minoristas, ya sean personas físicas o jurídicas, y las sociedades civiles, que pueden ser beneficiarias de estas ayudas deben estar incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 4/2015, de 25 de marzo, de Comercio de Aragón.
Mientras que las asociaciones deben tener sede social en la Comunidad y que entre sus fines y programas de actuación la defensa del sector comercial y la realización de actividades que contribuyan a la dinamización y fomento de la actividad comercial.
«Lo que queremos es apoyar la labor del tejido asociativo que actualmente a parte de considerarse como un elemento defensor del interés del colectivo, se convierte en motor e impulsor de las novedades que tienen que implementar los comercios para mejorar su competitividad», ha asegurado Fortea.
Actuaciones subvencionables
Entre las actuaciones subvencionables están la transformación digital, enfocada a la relación y fidelización del cliente, visibilización en medios digitales, posicionamiento web, análisis sobre el mercado, ciberseguridad o comunicación interna, entre otros asuntos.
También están dirigidas a la transformación del punto de venta a través de la digitalización en la gestión, herramientas tecnológicas, adquisición de mobiliario tecnológico o puntos de entrega inteligentes. Respecto a las actuaciones relativas a sostenibilidad y economía circular se contemplan como subvencionables aquellos aspectos relacionados con la distribución comercial o soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia en el consumo energético.
Por último, también figuran actuaciones relativas a la cadena de suministro y trazabilidad como plataformas colaborativas entre el productor local, pyme comercial y distribuidor que garanticen su interacción y colaboración, gastos para impulsar la integración de proveedores locales, inversiones en nuevas tecnologías que permitan conocer la trazabilidad del producto, entre otros.
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