Así lo han decidido tras la concentración del pasado 22 de noviembre, frente al Ministerio de Justicia, a causa de la negativa de la ministra del ramo, Pilar Llop, de negociar los importantes cambios en las condiciones de trabajo que supondrá la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa.
En Aragón, el sector de Administración de Justicia inicia las movilizaciones de protesta este viernes, 2 de diciembre, de 10.00 a 10.30 horas, en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, en el Edificio Vidal de Canellas.
La principal petición del sector es el cumplimiento de la Constitución, así como la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia para garantizar las condiciones de trabajo, los centros de destino y las funciones del personal funcionario.
Asimismo, desde el sindicato Comisiones Obreras en Aragón han señalado que estas reivindicaciones se dirigen al Ministerio de Justicia y al Gobierno de Aragón, ya que este último, a través de la Dirección General de la Administración de Justicia, son colaboradores necesarios del contenido del texto que afecta a las condiciones laborales del colectivo.
«Si el conflicto no se soluciona en Madrid, luego lo tendrán aquí, en el Gobierno de Aragón», han apuntado desde la organización sindical.
Desde CCOO Aragón también se han referido, entre sus demandas, al desarrollo y retribución de la carrera profesional, por parte del Ministerio o del Gobierno aragonés, de los trabajadores; a la mejora de la promoción interna; a la convocatoria de concursos de traslado con todas las plazas vacantes; a la negociación del reglamento y relaciones de puestos de trabajo del Registro Civil.
«Antes que trabajadores somos ciudadanos y las reformas organizativas de la Administración de Justicia deben de estar encaminadas a una mejora del servicio y una reducción de los tiempos a la ciudadanía cuando tienen que acudir a un servicio público», han observado desde el sector de CCOO de la Administración de Justicia en Aragón.
En su opinión, esta profunda reforma «no servirá para mejorar los tiempos de respuesta a los ciudadanos», ya que también desaparecen los juzgados unipersonales y solo habrá órganos colegiados; cesa la labor de los jueces de paz, «con la innegable labor que realizan en los núcleos rurales desde el siglo pasado».
En este sentido, han afeado que se introduzca, como requisito previo, que antes de interponer un proceso civil o mercantil, obligatoriamente habrá que acudir a un servicio de mediación, con el consiguiente coste y dilación en el tiempo para la ciudadanía.
Por último, han emplazado a todos los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia a apoyar estas movilizaciones, y a la ciudadanía a que se mantenga informada.
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