La investigación se inició cuando, a mediados del mes pasado, un ciudadano extranjero se personó en la comisaría de San Sebastián para solicitar asilo. Durante la declaración para este trámite, relató un traumático episodio laboral sufrido en Euskadi que podía ser constitutivo de graves delitos.
Los agentes de asilo a trasladaron inmediatamente lo averiguado a los investigadores del Grupo Operativo de Extranjería II (GOE) de la capital guipuzcoana. Tras el examen de la declaración y las pesquisas necesarias, los agentes especializados confirmaron el testimonio inicial.
Así, detectaron que dos empresarios afincados en Gipuzkoa, socios y administradores de varias empresas, entre la que destaca una dedicada a la reforma de baños, estaban contactando con ciudadanos extranjeros asentados en su mayoría en sus países de origen en Hispanoamérica para realizarles ofertas de empleo «engañosas».
Además, también descubrieron que al menos seis de estos trabajadores se habían mudado a diferentes puntos del territorio nacional, lo que impulsó su búsqueda.
Toledo, madrid y tortosa
Gracias a la coordinación y colaboración con las Brigadas de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, se les pudo localizar rápidamente en Toledo, Madrid y Tortosa, en Tarragona, y activar el Protocolo Marco de Protección de Víctimas de este tipo de delitos, y se les dispensó la protección necesaria y se les informó de los derechos que les asisten, entre los que se encuentra la posibilidad de ser derivados a recursos asistenciales y de alojamiento dependientes de las Comunidades Autónomas.
Tras oír en declaración a todas estas víctimas, los agentes concluyeron que los dos empresarios les ofrecían un sueldo que oscilaba entre los 1.200 y 1.400 euros por trabajar en Gipuzkoa reformando baños. Además, les garantizaban un contrato de empleo y alojamiento con gastos de manutención incluidos.
Ante estas condiciones laborales, los trabajadores decidían endeudarse para poder comprar un billete de avión dejando a sus familias atrás. Cuando empezaban a trabajar se percataban de que, al carecer de permiso para residir en España y para realizar cualquier tipo de actividad laboral, no les harían contrato de trabajo.
En este sentido, también descubrían que el resto de condiciones pactadas eran incumplidas, obligándoles a trabajar 16 horas al día. Además, eran desahuciados y se les retiraba la asignación para manutención si se quejaban o reclamaban el cobro del sueldo pactado.
Por todo ello, se procedió a la detención de sendos empresarios que, tras declarar en comisaría, pasaron a disposición judicial a la espera de juicio.
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