En rueda de prensa, Orós ha reclamado al Departamento de Ciudadanía que «deje de mentir, disfrazar datos y fingir buenismo», criticando que en dos años se ha reducido la aportación autonómica a la atención a la dependencia en más de 11 millones de euros, 8 el año pasado y más de 3 este 2022, remitiéndose a un informe del Gobierno de España a este respecto, que sitúa en el 5,6 por ciento la reducción de la aportación del Ejecutivo aragonés.
«Podrán decir que el total no se ha reducido por el plan de choque --del Gobierno de España-- de 20 millones y sería lógico si no hubiera listas de espera, si las prestaciones y servicios no fueran de baja calidad, pero los datos demuestran lo contrario», ha sostenido.
Marian Orós ha apuntado que, a 30 de noviembre de 2022, la lista de espera de atención a la dependencia es de más de 6.000 personas, aumentando en 1.000 desde agosto, «un atasco preocupante para las personas dependientes que han solicitado la revisión de grado», para lo que la Administración autonómica está tardando 304 días, cuando la legislación fija el plazo máximo en 180 días.
La parlamentaria del PP ha recalcado que las prestaciones y servicios autonómicos son «insuficientes para dar una buena calidad a las personas dependientes», y el 60 por ciento son prestaciones en el entorno familiar, para la autonomía personal o la teleasistencia. La ayuda a domicilio es de 34 horas al mes en el conjunto de España, 25 en Aragón.
5.550
Además, el gasto por persona dependiente está «muy por debajo de la media», 6.337 euros en el conjunto de España y 5.550 en Aragón, ha continuado Orós, quien ha preguntado si el Gobierno regional cree que con los poco más de 200 euros de ayuda para prestación en el entorno familiar permite cubrir las necesidades. La aportación al Presupuesto autonómico en dependencia ha bajado de 188 a 185 millones entre 2021 y 2022 y, en relación a los Presupuestos de 2023, el Gobierno de Aragón «está haciendo trampas para trocear las partidas y ocultar el global».
«Lambán pretende ahorrar para sus gastos dinero que debería destinar a los que más lo necesitan y está ahogando a las entidades que gestionan las residencias de mayores» porque «no están concertando nuevas plazas, solo reconvirtiendo las que ya existían y en 2023 se reduce la cuantía y las plazas», ha lamentado.
Orós ha solicitado al Gobierno regional que refuerce el personal de valoración y administración, que mejore las cuantías, hable con las entidades y negocie una subida de precios de las plazas, rechazando la «autocomplacencia» del Ejecutivo autonómico porque «hay más recaudación y peor gestión, trazo grueso para intentar mantenerse».
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