El exalcalde 'popular' de Gandia (Valencia), Arturo Torró, ha declarado en el juicio que se sigue contra él por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación que «nunca, nadie puso jamás ninguna pega a la gestión de las televisiones». «Todo era aplausos porque se veía más la televisión que antes y a menos de la mitad del coste que antes», ha señalado.
Torró ha declarado este martes como acusado en la vista que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia, junto a un empresario, por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación por supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual entre los años 2012 a 2015 en el consistorio.
Según el escrito de acusación de Fiscalía, Arturo Torró, aprovechando su condición de alcalde del Ayuntamiento de Gandia y presidente del Consejo de Administración de IPG, utilizando esta empresa municipal, concibió, promovió y asumió la obligación de pagar a 'Comarques Centrals Televisió S.L.' la cantidad de 500.000 euros de dinero público, «a sabiendas de que no había causa que lo justificase, causando un claro perjuicio para las arcas públicas, contando con la colaboración del otro acusado y con el consiguiente dominio del hecho por parte del mismo para poder llevar a cabo el acuerdo y la ejecución de dicha indemnización».
Finalmente, llegó a abonarse por parte de IPG a 'Comarques Centrals Televisió S. L.' 480.000 euros del importe pactado, realizándose la primera transferencia en fecha 7 de junio de 2012, antes incluso de que se acordase la resolución y la referida indemnización a favor de 'Comarques Centrals Televisió S. L'.
Por estos hechos, Fiscalía pide ocho años de cárcel para cada uno y 20 años de inhabilitación. Asimismo, se sientan en el banquillo otras cinco personas acusadas por el Ayuntamiento de Gandia. Todas las defensas se han adherido a esta petición.
Por ello, solicita también que los dos acusados abonen de forma solidaria y directa al Ayuntamiento de Gandia por el perjuicio causado a las arcas públicas en la cantidad de 480.000 euros, más intereses legales. Por su parte, la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Gandia, incluye también los delitos de prevaricación administrativa y vulneración de derechos fundamentales y amplía el número de acusaciones a otras cinco personas.
Al respecto, el exalcalde, que solo ha contestado a las preguntas de su abogado, ha explicado que ya desde la oposición criticaba la televisión pública porque suponía un gasto anual que llegaba a los 2,5 millones, unos 9 millones en la legislatura. «Una barbaridad», ha apuntado.
Torró, que ha sido interrumpido por el presidente de la sala para que se ciñera a su defensa sin hacer «speech ni mítines políticos» --«eso sobra, se hace en otros espacios», le ha conminado-- ha señalado al respecto que al acceder al Ayuntamiento cerraron la televisión pública por «estos motivos obvios».
Asimismo, Torró, óptico de profesión, ha explicado que en la junta para sacar adelante las licencias de televisión estaba un técnico de IPG, junto al interventor y al secretario, que «están metidos en esto aunque digan que no». Ese técnico «es el que prepara todo porque nosotros no sabíamos», ha afirmado.
El exalcalde ha señalado que «no tocó a nadie» y mantuvo en el Ayuntamiento a todo el equipo anterior, incluida la jefa de gabinete --que ocupaba este cargo con el anterior alcalde socialista--, lo que le valió «muchas críticas». Sin embargo, entendía que las personas que trabajaban debían quedarse y ese técnico se quedó.
Torró ha reiterado que en la tramitación del expediente «no hubo nunca, nunca, nunca ni una queja» y que como presidente del Consejo de Administración de IPG al ser alcalde, «se dio cuenta a todos los consejeros, incluso a la oposición» y «nadie dijo nada». Asimismo, ha afirmado tanto el secretario como el interventor estaban cuando salieron las encomiendas, que él simplemente ordenó «hágase y punto» y que «nadie, nunca jamás, puso una pega».
Orengo
Además, ha apuntado que la situación económica del Ayuntamiento era «más que caótica» y de hecho ha recordado que en el traspaso de poderes, su antecesor, José Manuel Orengo, le sacó «un cerdito con un post que ponía: esto es lo que ha quedado, 0,50 céntimos, suerte».
Asimismo, ha señalado que a IGP les cortaron los correos, los teléfonos y la situación era «un desastre».
Torró ha señalado que sabía del empresario acusado porque llevaba muchas televisiones pero que no lo conocía hasta después de la licitación. En una reunión en su despacho el empresario se presentó «con mucha agresividad», algo «normal» porque no se le habían pagado tres meses, y ha apuntado que la deuda que el Ayuntamiento tenía con él podría ascender hasta los 400.000 euros.
«Si aquel hombre aceptó era porque no tenía respaldo económico porque si no, nos mete una demanda y nos hubiera sacado 1,5 millones más costas porque él no tenía culpa de que la situación económica estuviera como estaba», ha justificado.
Previamente, al incido de la vista, el presidente de la sala ha vuelto ha justificar el rechazo de la suspensión del juicio solicitada por las defensas por si se modifica el delito de malversación en el Código Penal al considerar que no se produce lesión a los derechos de defensa ni siquiera por la vulneración a la tutela judicial.
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