El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una proposición de ley de mejora urbana, ambiental y social de los barrios, conocida como Ley de barrios verdes, que sustituye a la de 2004 y ha sido impulsada por los comuns, y que también contempla la creación de un fondo de recuperación urbana, ambiental y social.
La iniciativa ha contado con los votos a favor de PSC-Units, ERC, Junts, comuns y Cs, la abstención de la CUP y el 'no' de Vox y PP, y tendrá como objetivo «paliar las dificultades sociales y fomentar la equidad territorial».
El fondo, que se deberá de dotar con los Presupuestos de la Generalitat de 2023, busca «contribuir a evitar el riesgo de fractura social y hacer frente a la crisis ambiental», que podrán solicitar los municipios y entidades municipales que cumplan las condiciones de área de atención especial, con una población con rentas inferiores a la media del entorno.
El diputado de los comuns Marc Parés ha destacado que esta nueva norma permite «reivindicar, actualizar y mejorar» la anterior Ley de barrios e incorporar políticas para hacer frente a la emergencia climática, y ha celebrado que haya un algo grado de consenso entre los grupos sobre la nueva ley.
"objetivos inabarcables"
La líder de la CUP en el Parlament, Dolor Sabater, ha lamentado que el fondo de recuperación ambiental de barrios de esta ley no podrá llegar a todos los de Catalunya, porque «sus objetivos sin inabarcables», y ha reivindicado que el problema de las transformaciones de los barrios necesita una transformación de raíz, sistémica, que no se base en el neoliberalismo.
Jordi Terrades (PSC) criticado que el acuerdo de Presupuestos entre Govern y comuns contemple la creación de una oficina para estudiar cómo aplicar esta ley: «Es hora de un compromiso nuevo y contundente», tras lo que ha reprochado que el Govern del expresidente Artur Mas parase las convocatorias de la anterior ley de barrios y que los Ejecutivos que le sucedieron tampoco las reactivasen.
Desde Junts, David Saldoni ha reivindicado la ley que se aprobó en 2004, que asegura que provocó un impulso en Catalunya «que es importante que se pueda retomar», y ha destacado que esta nueva norma contemple el enfoque ambiental y que permita transformaciones físicas dentro de los edificios.
Andrés Bello (Vox) ha sostenido que votan en contra porque «se trata de un instrumento de intervencionismo y transformación social al más puro estilo comunista», y ha sugerido que sería más operativo pedir al Govern que vuelva a dotar de presupuesto la ley de 2004.
El diputado de Cs Joan García ha afirmado que esta ley es necesaria y una demanda territorial desde hace mucho tiempo, y ha criticado que Vox culpe «de todos los problemas a la inmigración», y considera que los cambios en las ciudades son comunitarios y deben ser para todos los ciudadanos.
Condicionada a los presupuestos
El popular Daniel Serrano ha lamentado que esta ley «adolece del mismo problema que la que pretende sustituir», y es que está condicionada a que haya una partida del Presupuesto de la Generalitat, y ha criticado que la decisión de qué municipios se beneficiarán está sujeta a posibles arbitrariedades políticas, ya que no contiene requisitos objetivos, según él.
El diputado no adjunto Antonio Gallego ha afirmado que hay muchos elementos de la ley que van en la buena dirección, por lo que la ha apoyado, pero ha lamentado que hable poco de activar la economía local, que «no habla nada de seguridad y a los ayuntamientos se les da un papel de mera comparsa».
Ferran Estruch (ERC) ha defendido que es una ley importante, que permite recuperar la regeneración urbana, y ha destacado que tiene «el espíritu de la de 2004 e incorpora la experiencia, la actualiza».
Por último, el conseller de Territorio de la Generalitat, Juli Fernàndez, ha expresado el compromiso del Govern para desplegar la ley, que ha calificado de «herramienta valiosa para la transformación social y verde», y ha agradecido a Parés que haya conseguido un amplio consenso en la Cámara catalana a favor de la norma.
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