El Consell ha aprobado este viernes un decreto ley por el que se prolonga temporalmente la reducción de un diez por ciento de las tasas y precios públicos de la Generalitat hasta el 31 de agosto de 2023 y se amplía la suspensión a los contribuyentes del importe abonado por canon de saneamiento del agua hasta el 31 de julio de 2023, con la finalidad de «aliviar el impacto de la inflación en la economía de las familias y empresas valencianas».
La portavoz del Consell, Aitana Mas, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al pleno de este viernes que el gobierno autonómico considera que «las familias continúan viviendo situaciones complicadas» a causa de la inflación, por lo que estima que «deben continuar vigentes las medidas», que volverán a revisarse dentro de seis meses para adoptar una nueva decisión «en función de la situación económica».
En concreto, la norma aprobada este viernes recoge una bonificación del 10% sobre todas las tasas devengadas entre el 1 de enero y el 31 de agosto que se regulan en la Ley 20/2017 de tasas; en Ley 10/1997 de Tasas por Inspecciones y Controles Sanitarios de Animales y sus Productos; en la Ley 1/1999 de Tarifas Portuarias y en la Ley 2/2014 de Puertos de la Generalitat.
Las únicas excepciones son las tasas por servicios académicos universitarios y las tasas y precios públicos dependientes de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, cuya regulación a través del Decreto 123/2022 ya prevé una reducción del 10% hasta la finalización del curso escolar y universitario 2022/2023.
Esta rebaja del 10% se hace extensiva igualmente a todos los precios públicos de la Generalitat que resulten exigibles entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023.
La Generalitat también modifica a través de este decreto la duración de las medidas para el apoyo económico a los contribuyentes del canon de saneamiento, ampliando hasta el 31 de julio de 2023 el plazo fijado en el decreto 6/2022 para ayudar a las familias valencianas a hacer frente a la inflación.
Mas, preguntada por si esta medida supondrá algún recorte con unos presupuestos autonómicos ya aprobados, ha precisado que esta reducción de tasas y precios implica alrededor de ocho millones de euros y que «no es una cantidad muy importante» sobre un presupuesto total de 28.438 millones, por lo que, aunque el Consell no ha concretado de dónde saldrá el importe, no cree que esta cantidad «signifique un problema para encajar los presupuestos, pero sí es importante para las familias a la hora de encajar» los suyos.
Además, ha defendido que las cuentas no deben ser «fotos fijas» sino «responder a las necesidades que se producen a lo largo del año», porque en caso contrario no se habrían podido desplegar las medidas contra la pandemia en 2020.
Lucha contra la despoblación
Por otro lado, el decreto ley también incluye medidas de apoyo a la actividad económica en el territorio de los municipios en riesgo de despoblación. Se crean nuevos incentivos fiscales dirigidos a atraer y mantener negocios y empresas y a proteger núcleos históricos y enclaves con una importante representación de la arquitectura tradicional.
Para ello, se modifica la Ley 13/1997 de la Generalitat que regula el tramo autonómico del IRPF, con la inclusión de nuevas deducciones y reducciones en los tipos impositivos de los impuestos por Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD)
En concreto, se mejora el tipo impositivo aplicable a las transmisiones de inmuebles que se destinan a ser sede social o centro de trabajo en los municipios en riesgo de despoblamiento, pasando del tipo general del 10% al tipo super reducido del 4% en la modalidad transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Igualmente, para las empresas que adquieran inmuebles para destinarlos a ser sede social o centro de trabajo se recoge igualmente una bonificación del 30% sobre la cuota gradual de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, en el caso de que fueran realizadas entre empresarios o profesionales y estuvieran sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.
Para poder acceder a estas deducciones las empresas deberán conservar en estos municipios su sede social o centro de trabajo durante al menos un periodo de tres años y contar con al menos un trabajador a jornada completa durante este mismo periodo.
Con el objetivo de «fijar población en estos municipios y fomentar la rehabilitación de viviendas», se crea igualmente una nueva bonificación por la cual se reduce en un 50% el importe de las cuotas íntegras a abonar por la adquisición de viviendas --incluidas las destinadas a ser segundas residencias o a alquiler--, en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales siempre y cuando en el plazo de tres años se acometa una rehabilitación de las mismas que garantice la protección de los núcleos históricos y la arquitectura tradicional.
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