El proyecto normativo que fue aprobado por el Consejo Nacional del Agua en su reunión del pasado 29 de noviembre incluía un punto --la disposición adicional novena-- que resulta esencial para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo- Segura, por lo que cualquier modificación o supresión del mismo, que figure en ese último borrador de Decreto Ley que ya obra en poder del Consejo de Estado, encontrará el más firme rechazo por parte del Consell, ha indicado el gobierno valenciano en un comunicado.
La Generalitat recuerda la necesidad de respetar los acuerdos alcanzados y exige que se mantenga en sus mismos términos aquello que se pactó en su día y obtuvo el refrendo del Consejo Nacional del Agua. En caso de incumplimiento, la Generalitat emprenderá todas las acciones que estén a su alcance para defender la continuidad del trasvase Tajo Segura y apoyar así las justas demandas de los regantes alicantinos.
Ahora corresponde al Consejo de Estado emitir el preceptivo dictamen sobre el proyecto de Real Decreto relativo a los planes hidrológicos de cuenca de determinadas demarcaciones ante de remitirlos al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.
El Consell ha tomado la iniciativa solicitando audiencia al órgano consultivo del Gobierno para poder efectuar alegaciones, al tiempo que reafirma tanto su compromiso inquebrantable en defensa de los regantes valencianos como su voluntad manifiesta de agotar todas las vías posibles en aras de asegurar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.
Agua desalada
Por otra parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también se ha referido a la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y de la empresa pública Acuamed, con la gestiona el agua desalada en España, de anular la subvención que venía concediendo al agua desalada que usan los regantes del Acueducto Tajo-Segura y que supondrá en la práctica triplicar los precios de la misma.
El jefe del Consell expresó su «rechazo frontal a esta decisión», al tiempo que hizo un llamamiento al Gobierno «para que reconduzca la situación y reconsidere su postura, porque estamos hablando de un territorio donde la agricultura juega un papel muy importante y, en consecuencia, es especialmente sensible al precio del agua».
Puig considera que la actual coyuntura «no hace aconsejable en absoluto una decisión de esta naturaleza» y exige al Ejecutivo que «mantenga la subvención al agua desalada para que resulte asequible a los regantes».
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