La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha advertido este jueves que el anteproyecto de Ley de Familias, que está tramitando el Gobierno de España, «invade competencias de las comunidades autónomas, minusvalora la función social de las familias numerosas y, además, ni siquiera contempla fondos del Estado para su aplicación», lo que supone «endosar a las regiones el coste de las medidas al no recoger la transferencia de fondos específicos para que se puedan ejecutar». «Este es otro ejemplo más del yo invito y tú pagas al que acostumbra el Gobierno de PSOE y Podemos», ha remarcado la consejera.
Así se detalla en las alegaciones presentadas por la Junta de Andalucía al anteproyecto normativo, unas alegaciones que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha establecido que se formulen a través de correo electrónico «sin que se sometan a debate y en tiempo récord», ya que las comunidades autónomas solo han dispuesto de unos días para analizar «de urgencia» el documento y presentar sus alegaciones «pese a la relevancia de una ley de gran calado social».
En este sentido, según se indica en nota de prensa, Loles López ha afeado al Ministerio que dirige Ione Belarra que «pretenda despachar la participación de las comunidades autónomas con un correo electrónico, hurtando el debate» que requiere un anteproyecto de ley «con una gran trascendencia» en la sociedad española, ya que el texto no se ha debatido en grupos de trabajo ni en las comisiones técnicas previas al Consejo Territorial de Servicios Sociales.
A este respecto, la consejera de Inclusión Social ha incidido en que el anteproyecto de ley del Gobierno «minusvalora» la función social que realizan las familias que tienen un mayor número de hijos, al cambiar la denominación de las familias numerosas por la de familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza. López ha subrayado que la Junta de Andalucía no comparte este cambio de denominación porque «provoca una pérdida de visibilidad de estas familias y de su contribución al aumento demográfico y el relevo generacional».
«El mayor aporte a la sociedad de las familias numerosas debe estar reflejado de forma expresa en la futura ley sin que pueda verse difuminado entre el resto de las situaciones familiares», recalca la consejera, quien ha recordado que el título de familia numerosa «lleva muchas décadas» en el ordenamiento jurídico español. «Necesitamos un Gobierno que plantee soluciones y no genere más problemas», ha añadido, antes de lamentar el «sesgo ideológico» que inyecta el Ejecutivo de PSOE y Podemos «a todo lo que toca».
Por último, la consejera ha puesto el acento en que el anteproyecto normativo que está tramitando el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 203 «vulnera competencias» de las comunidades autónomas en distintos ámbitos como la protección de la infancia, la igualdad de género, la no discriminación de las personas Lgtbi e, incluso, la atención a personas mayores o con discapacidad.
De hecho, en las alegaciones presentadas por Andalucía se advierte que el texto normativo que plantea el Gobierno central podría provocar colisiones entre ayudas que ya se perciben por parte de las familias andaluzas. «Mucho me temo que podemos estar ante otra ley que genere más problemas que soluciones, como ha ocurrido con la Ley del solo sí es sí», ha concluido la consejera andaluza.
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