La Fiscalía Provincial solicita siete años de prisión para un ciudadano argelino como presunto patrón una patera interceptada en mayo de 2022 en aguas de Almería con 16 personas a bordo tras una travesía con varias vías de agua que la hicieron escorar en hasta tres ocasiones.
Los ocupantes de la embarcación, todos varones adultos de nacionalidad marroquí, habrían pagado por el viaje cuantías entre 3.000 y 4.500 euros y al acusado se le intervinieron al ser detenido un total de 650 euros en efectivo.
Según recoge el escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, G.G.H. organizó presuntamente todo lo necesario para hacer la travesía desde Argelia pese a carecer de «pericia, de la capacitación técnica o la práctica exigida» para ejercer de patrón y «valiéndose» únicamente de un móvil que le servía como GPS.
La patera, de cinco metros de eslora y dos metros de manga, y dotada de un motor fueraborda, partió el 8 de mayo con 16 personas a bordo.
El fiscal destaca que durante el trayecto «entró abundante agua» en la embarcación, lo que provocó que se escorase en hasta tres ocasiones, si bien sus ocupantes pudieron ser rescatados por una patrullera de la Guardia Civil frente a la costa de Almería.
Remarca que el acusado «puso en peligro la vida e integridad» de todos los que viajaban a bordo ya que la patera «no estaba capacitada para realizar trayectos de 80 millas náuticas» ni para «soportar las condiciones de viento de entre siete y diez nudos» con mar de «rizada a marejadilla» que había en ese día en el mar de Alborán.
Añade el Ministerio Público que, en un lancha con capacidad para seis o siete personas, viajaban un total de 17 y subraya que el «gran peligro» se vio aumentado por el «riesgo de deflagración» debido al hecho de que portasen 10 grandes garrafas de gasolina.
El escrito detalla que la embarcación carecía de cualquier medida de seguridad y señala que la situación se agrava «al tener en cuenta que la travesía se realizó por la ruta utilizada en esos momentos por 75 buques mercantes».
El fiscal califica los hechos como un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros del subtipo agravado. La visto oral está señalada el día 11 ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería.
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